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El Ministerio de Comunicación de Bolivia emprendió una campaña comunicacional contra la violencia hacia la mujer debido al repunte de los indicadores, detalló este viernes la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza.
De acuerdo a la funcionaria, la Ley Integral 348 Contra Todo Tipo de Violencia establece que, en el ámbito de la prevención, la institución debe asumir algunas acciones como producir contenidos relacionados con la violencia de género que serán enviados a los medios de comunicación.
En declaraciones a un medio local, la viceministra explicó que "son contenidos relacionados a información, formación, sensibilización sobre la violencia física, psicológica, sexual, mediática y económica".
Advirtió sobre la necesidad de "proporcionar la información necesaria de dónde denunciar, cuál es la ruta crítica que debe seguir una mujer desde el momento que inicia su denuncia".
Espinoza recordó que la Ley 349 obliga a los medios de comunicación a destinar 10 minutos mensuales en canales de televisión para emitir mensajes contra la violencia, en tanto las radioemisoras deben disponer 20 minutos, los periódicos una página mensual y medios digitales otros espacios.
Legisladores contra la violencia
Este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Marcelo Elío, anunció que el Legislativo estudiará la aprobación de una nueva normativa para reforzar la actual ley contra la violencia contra la mujer que no ha sido efectiva a dado los feminicidios ocurridos recientemente.
"Queremos frenar en seco este tema y si es necesaria otra ley, la vamos a hacer", aseveró, a la vez que abogó por acompañar la legislación con campañas educativas "donde se enseñe a los bolivianos el respeto a la vida y el respeto por ambos géneros".
Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física en contra de las mujeres, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU). En centroamérica, Guatemala es uno de los países en los que se registra el mayor número de asesinatos de mujeres.
El Gobierno de Evo Morales promulgó en marzo de 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de mujer y castigándolo con la pena más alta tipificada en el país, 30 años de prisión sin indulto.
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