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El Consejo de Estado de Colombia reconoció este viernes como víctimas del conflicto armado a varios militares, en una sentencia que sienta un precedente en el país y abre la posibilidad a que los uniformados sean indemnizados, informaron medios locales.
La decisión establece que "aunque una persona esté prestando su servicio militar obligatorio, en ningún momento deja de ser ciudadano sujeto de protección de sus derechos humanos, por lo que es deber del Estado garantizar su salvaguardia".
También, los magistrados indicaron que el término "víctima" incluye a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa.
"Cualquier sujeto de derecho puede ser considerado como una potencial víctima a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y derecho vigentes siempre que se concreten en él o sus familiares una conducta activa u omisiva constitutiva de una grave violación de Derechos Humanos o de Derecho Internacional Humanitario", dice la sentencia.
La orden judicial pone fin a un proceso abierto por la muerte de tres militares en la toma que hicieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la base militar del cerro de Patascoy, en el departamento de Nariño (suroeste) en diciembre de 1997, donde fallecieron varios militares y otros fueron secuestrados.
El alto tribunal -que ordenó que los uniformados sean incorporados como beneficiarios de la Ley de Víctimas y por tanto con derecho a indemnización- sienta jurisprudencia en un momento en el que se debate sobre la reparación de militares en un eventual proceso de justicia transicional si se firma la paz.
El conflicto armado en la nación suramericana ha dejado casi cuatro millones de desplazados y 600 mil muertos en aproximadamente 50 años, en cuyo proceso también han participado grupos insurgentes, paramilitares de derecha y organizaciones relacionadas con el narcotráfico.
Las delegaciones del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP) sostienen una mesa de diálogo de La Habana desde 2012 con el fin de lograr la paz. Las partes han llegado a acuerdos sobre reforma agraria rural, dejación de armas, acuerdos sobre drogas y participación política.
