El Supremo Tribunal Federal (STF) inició este miércoles la discusión sobre el futuro de la reserva indígena Raposa Serra do Sol (norte), disputada entre aborígenes y hacendados que se niegan a salir de la zona.
El STF deberá decidir si se mantienen o no los límites actuales de Raposa Serra do Sol, donde viven 18 mil indígenas pertenecientes a cinco grandes grupos (Macuxi, Wapichana, Taurepang, Ingaricó y Patamona), organizados en unas 200 aldeas.
En 2005, la reserva en cuestión, de 1,7 millones de hectáreas, fue demarcada y homologada por el Gobierno Federal para que fuese ocupada exclusivamente por los nativos de esa zona fronteriza con Venezuela y Guyana.
En aquella oportunidad, los hacendados recibieron un plazo de dos años para negociar sus indemnizaciones y retirarse de la región.
Sin embargo, apoyados por el gobierno del estado de Roraima, prepararon ilegales grupos armados para resistir la demarcación definida y enfrentar a los indígenas.
El gobernador del estado de Roraima, Anchieta Junior, que apoya a los terratenientes, dijo a la prensa que los límites de la enorme reserva debían ser modificadas por una "cuestión ecosocial y de soberanía nacional".
Pero los pueblos aborígenes, nucleados en torno al Consejo Indígena de Roraima (CIR) y apoyados por los movimientos sociales de trabajadores Sin Tierra (MST) y Sin Techo (MTST), han manifestado su decisión de defender sus territorios ancestrales.
El presidente de la Fundación Nacional del Indio, Marcio Meira, expresó este miércoles que "los indígenas tienen el derecho constitucional de permanecer en la reserva Raposa Serra do Sol por su sobrevivencia".
Entre tanto, una treintena de indígenas que habitan en la reserva acamparon el martes frente a la sede del STF en Brasilia, y varios de ellos, ataviados con sus ropas típicas, acompañan los discursos en el plenario de la máxima corte del país.
La decisión del máximo tribunal se torna importante porque en caso que se anule la homologación y los límites de la zona, la sentencia abrirá una avalancha de al menos 144 procesos similares relativos a otras reservas indígenas del país.
En ese sentido se expresó el presidente del STF, el juez Gilmar Mendes, quien admitió que la decisión a ser adoptada será la base para definir criterios de demarcación de reservas indígenas.
Seguridad garantizada
El Gobierno Federal, en voz de su ministro de Justicia, Tarso Genro, definió que garantizará la seguridad del área en litigio cualquiera que sea la decisión del STF.
En ese contexto, esta semana La Fuerza Nacional de Seguridad reforzó su personal que se mantiene en la enorme reserva indígena.
El grueso de la tropa, conformada por mil 500 hombres, está concentrado en el pequeño municipio de Pacaraima, en la entrada de la reserva.
El ministro coincidió con Mendes al aclarar que el fallo influirá en todas las demarcaciones y un error abriría un contencioso infinito en relación con otras delimitaciones.
Genro responsabilizó por la inestabilidad existente a los que ocupan ilegalmente el área indígena.
Reiteró que el territorio de la reserva es de la Unión Federal y ello incide más que la propiedad privada, razón por la que no se afecta la soberanía del área.
