El legislador colombiano Iván Cepeda anunció este jueves que llevaría a la Corte Penal Internacional (CPI) la denuncia, hecha por la comunidad de San José de Apartadó en contra del ex mandatario Álvaro Uribe, por las declaraciones que ofreció en 2005 en las que acusó a esta localidad de proteger a grupos armados, algo que conllevó al asesinato de varios dirigentes de ese sector.

La Cámara de Representantes de Colombia "ha archivado todas las denuncias que se han hecho en contra del ex presidente Uribe sin investigar, y yo he pedido que se remita copia de ella a la Corte Internacional, por el caso de la comunidad" de San José de Apartadó, señaló el también legislador Cepeda.

Expresó que "nosotros consideramos que debe haber investigación cuando se trata de crímenes de lesa humanidad".

El activista humanitario explicó que desde que en 2005 el ex presidente Uribe declarara que en la comunidad de San José Apartadó se auxiliaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron a ser asesinados líderes de esa comunidad lo cual no ha sido investigado por las autoridades.

''Después de que el ex presidente Uribe declarara que en esta comunidad hay auxiliadores de la guerrilla han sido asesinados unos 20 líderes. La Comisión de Acusaciones de la Cámara debió haber investigado este hecho'', indicó.

El 20 de marzo de 2005, luego de culminado un consejo de seguridad en Apartadó, el ex jefe de Estado, Álvaro Uribe leyó un comunicado en el que afirmaba que existían líderes de esa comunidad que patrocinaban y defendían a las FARC.

"En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores, están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista", expresó.

Luego de estas declaraciones ofrecidas por Uribe comenzaron a incrementarse las agresiones y los asesinatos de líderes de la comunidad de Apartadó.

Algunos de los asesinatos cometidos en esta comunidad en esa época son los de Elicenia Vargas y Uberlina Delgado, hija y nuera de Brígida González, una de las líderes de la Comunidad de Paz en Apartadó quienes fueron asesinadas en diciembre de 2005.

En este mes también se le dio muerte a Alberto Jiménez, su mujer Margarita Giraldo y sus dos hijos, cuando su vivienda fue atacada con granadas y proyectiles.

Según habitantes de la comunidad de Apartadó, estos crímenes  fueron cometidos por las fuerzas del orden.

Después de las imputaciones que hiciera en Apartadó y luego de la denuncia del sacerdote jesuita de la localidad, Javier Giraldo quien sufrió persecución al ser acusado de ser presunto colaborador de las FARC, se le abrió un expediente al entonces presidente Álvaro Uribe por calificar a miembros de esa comunidad como auxiliares del grupo armado.

Luego de introducido el expediente, la plenaria de la Cámara decidió archivar el proceso penal contra el ex mandatario sin investigar el caso, por 74 votos a favor y 17 en contra.

Este miércoles el legislador Cepeda solicitó unas copias autenticadas del proceso contra Uribe el cual será enviado a la Corte Penal Internacional (CPI).

''Es evidente que el grupo más cercano del ex presidente Uribe quiere evitar que se investigue con relación a los múltiples crímenes de los cuales se responsabiliza a Álvaro Uribe'', expresó el legislador.

Agregó que se haría todo lo posible por hacer justicia a este caso de violación de los derechos humanos.

''Nuestra labor es buscar justicia y de no ser posible en Colombia, buscarla en los tribunales internacionales'', sostuvo.

La comunidad rural de San José de Apartadó, ubicada en la zona bananera de Urabá (noreste) está constituida por antiguos desplazados que en 1997 se declararon neutrales ante el conflicto armado colombiano.

Desde ese momento unos 150 miembros de esa comunidad, entre los cuales se encuentran líderes y niños, han sido asesinados la mayoría de las veces por grupos paramilitares en confabulación con militares colombianos, según ha declarado la Fiscalía General.