ABC de las elecciones en Uruguay: candidatos y propuestas presidenciales

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El primer tema a consultar es una reforma al artículo 67 de la Constitución, que se refiere a la seguridad social. La boleta del Sí es de color blanco y el cambio propuesto plantea la posibilidad de que las jubilaciones sean estatales por completo, sin ánimo de lucro Foto: @PITCNT1


25 de octubre de 2024 Hora: 22:36

Este domingo 27 de octubre, unos 2,7 millones de uruguayos están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente y a los legisladores para el período 2025-2030. De igual manera, se decidirá el proyecto de la reforma de la Constitución y de la seguridad social propuesto por la sindical PIT-CNT.

Uruguay, una nación de 3,3 millones de habitantes, celebrará su primera vuelta de las elecciones nacionales. Si ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza el 50 por ciento de los votos más uno, entonces deberán ir a segunda vuelta, programada para el próximo 24 de noviembre, donde competirán los dos candidatos más votados.

Por su parte, la elección al Parlamento tiene lugar a través un sistema de representación proporcional. Ello permite que los escaños en los diferentes partidos estén mejor distribuidos, en dependencia del porcentaje de votos recibido. Por ello, el Parlamento del país suramericano se caracteriza por la pluralidad y obliga a crear alianzas y coaliciones entre formaciones políticas.

En este sentido, los uruguayos definirán el destino de su país en materia electoral. Los partidos que se presentarán en las elecciones son: Partido Frente Amplio, con el candidato Yamandú Orsi y como candidata a vicepresidenta Carolina Cosse; el Partido Nacional con Álvaro Luis Delgado Ceretta y Shirley Valeria Ripoll Fraga como su compañera de fórmula.

Por el Partido Colorado, es Andrés Ojeda Spitz el candidato a presidente y como vicepresidente Robert Silva García; por Partido Cabildo Abierto figuran Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, aspirante a la vicepresidencia.

Asimismo, se encuentra el Partido Identidad Soberana con Gustavo Alberto Salle Lorier como candidato a la presidencia y María Elvira Canoniero Castagnola como vicepresidenta. Por el Partido Independiente, figuran Pablo Andrés Mieres Gómez y a vicepresidenta, Mónica Gabriela Bottero Tovagliare; por el Partido Asamblea Popular, el candidato a presidente es Walter Gonzalo Martínez Maruca y a vicepresidenta Andrea Revuelta Segredo; por el Partido Constitucional Ambientalista, Eduardo Lust y Luján Criado.

Los otros partidos son el Ecologista Radical Intransigente con César Enrique Vega y Sergio Jorge Billiris García; Los Cambios Necesarios con Guillermo Franchi y Virginia Vaz; el Partido Avanzar Republicano con Martín Pérez Banchero y Daniel Isi Quepfert.

Los uruguayos votarán además para elegir a los 30 senadores y 99 diputados que conformarán el Parlamento.

De acuerdo a la plataforma Sputnik, el candidato por el Partido por los Cambios Necesarios, Guillermo Franchi puntualizó que “la principal diferencia que tenemos con los partidos tradicionales es que nosotros impulsamos una reestructura del Estado, que claramente es algo que los políticos no mencionan, porque son los cargos que ocupan ellos. Creemos que más de tres cuartos de esos puestos están de más y no tienen justificación lógica para existir”.

Esto, fundamentado también por los representantes de Avanzar Republicano, Identidad Soberana, Unidad Popular y Partido Ecologista Radical.

“Algunos de ellos advierten también sobre altos niveles de corrupción en el ámbito político y afirman que los grandes partidos están sirviendo a intereses extranjeros. En este contexto, la propuesta de reestructuración del Estado apunta a eliminar prácticas clientelistas y limitar el poder de las grandes corporaciones en la política”, refirió la plataforma Sputnik.

Entre tanto, el candidato presidencial de Avanzar Republicano, Martín Pérez Banchero, propuso una reforma del Estado, empezando con una reducción de salarios y cargos políticos, la eliminación de la Cámara de Senadores, y la fusión de ministerios y directorios de empresas públicas.

Una corriente fundamentalista se erige desde el Partido Identidad Soberana, quien ataca las disidencias sexuales y pondera la familia heteronormativa. Con un discurso que rechaza la propuesta de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y la garantía de derechos para las personas que el Estado también debería garantizar, Identidad Soberna se declara como “la verdadera oposición a ese proyecto nefasto».

“Inclusive, uno de los aspectos que más nos preocupa son los cambios en los valores que se proyectan”, refiere, además de tergiversar una visión desde la equidad y la justicia de género catalogándola negativamente como ideología de género.

Aún cuando las cifras mundiales muestran las desventajas para las personas homosexuales, el aumento de los transfeminicidios, lesbocidios, y las prohibiciones para formar una familia no heteronormativa, el dirigente de Identidad Soberana refirió la existencia de un “ataque muy directo” a la “familia heterosexual” y “al relacionamiento entre el hombre y la mujer”.

Por su parte, Unidad Popular, que fue fundada en 2013 por dirigentes que estaban inconformes con Frente Amplio, que según entienden, viró hacia posiciones de centro. Las posiciones de este partido priorizan “al pueblo por sobre el capital, las multinacionales y los organismos internacionales de crédito”; así como la apuesta por un cambio de modelo económico, rompiendo la dependencia con los organismos internacionales de crédito.

De igual manera, criticó el modelo extractivista alegando que tanto la derecha como el progresismo, lo han mantenido.

Con la declaratoria de que «el 27 de octubre tenemos la oportunidad de cerrar una etapa de estancamiento en el país», la propuesta del Frente Amplio insiste en que “los años de gobierno de coalición, lejos de las promesas de convertirse en los mejores cinco años de nuestras vidas, han sido años de retrocesos y estancamiento para los sueños de las uruguayas y los uruguayos”.

Al declarar que el contexto estuvo marcado por un aumento de los precios de los productos de la canasta básica, la falta de medicamentos en los hospitales, más personas en situación de calle, así como el aumento de la pobreza, especialmente la pobreza infantil, la coalición agregó que los salarios y las jubilaciones bajaron durante cuatro años y el poder adquisitivo empeoró.

De igual manera, la seguridad está peor, aumentaron los homicidios y los delitos violentos en Uruguay y cada vez más organizaciones del narcotráfico internacional se instalan en el país.

“El 95 por ciento de los hogares perdieron ingresos reales en estos cinco años. El 5 por ciento más rico es el único que ganó en Uruguay (IECON). El 63 por ciento de la población uruguaya no llega a fin de mes (Encuesta CAF, abril 2024). El salario se deterioró, 548.000 uruguayos ganan un salario menor a $ 25.000, 100.000 trabajadores más que en 2019”, han sido parte de los datos constatados por el Partido.

Las propuestas del Frente Amplio se centraría en “más salario para quienes no llegan a fin de mes, para proteger a la infancia, para trabajar por la seguridad”.

Transformarán la seguridad de manera integral en base a acuerdos que permitan inversión y políticas de largo plazo para represión del delito.

Mejoramiento del sistema carcelario, obras de infraestructura en los barrios para mejorar la convivencia, combate decidido al tráfico y lavado de dinero.

Los cambios en la salud requieren un nuevo enfoque bajo el paradigma de una sola salud: desde una perspectiva de derechos, integral y comunitaria.

Mejoramiento del acceso a medicamentos y prestaciones con reducción de costos y la creación de una Agencia Reguladora de Medicamentos.

Disminución de los tiempos de espera en cirugías, estudios y consultas mediante sistemas de información y control.

Profundizar las políticas públicas de bienestar animal con un abordaje integral.

“Crearemos el Plan Primera Vivienda para facilitar el acceso al crédito hipotecario a familias de capas medias y establecer un stock de viviendas para alquileres accesibles y fortaleceremos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados”.

Se ampliará la cobertura de la seguridad social.

Se atenderá la situación de los trabajadores independientes, unipersonales y las nuevas formas de relación laboral, garantizando pisos básicos de protección social, bajo un criterio de equidad con respecto a otras formas de trabajo.

Se transversalizará a todos los organismos del Estado con las temáticas afrodescendiente, indígena y migrante.

El primer tema a consultar es una reforma al artículo 67 de la Constitución, que se refiere a la seguridad social. La boleta del Sí es de color blanco y el cambio propuesto plantea la posibilidad de que las jubilaciones sean estatales por completo, sin ánimo de lucro.

De igual manera se establece que la jubilación es un derecho y que se financia con contribuciones obreras y patronales, más la eventual asistencia financiera del Estado. Si se aprueba, será el fin de las jubilaciones en manos del sector privado, además de establecer la paridad entre la jubilación mínima y el salario mínimo.

De igual manera se propone la reforma del artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. De aprobarse se mantendría el principio de inviolabilidad de la propiedad, pero se permitiría el accionar policial en allanamientos por la noche.

Hasta ahora, los allanamientos solo están permitidos en horario diurno.

En este sentido, la gremial sindical PIT-CNT aseguró que la campaña que han sostenido a favor de la reforma de la seguridad social “tiene como base el sueño de una transición hacia otra economía, hacia otra concepción de la producción, distribución y acumulación. Porque lo que se refleja a nivel planetario también ocurre en Uruguay, donde el 1 por ciento más rico accede al 15 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 50 por ciento más pobre accede a la misma cifra, demostrando un alarmante nivel de inequidad”.

“Esta campaña pide a gritos un golpe de timón, un viraje para que las políticas públicas se construyan desde la base, con la participación del pueblo y estén concebidas por y para la felicidad pública. Es una campaña de sentido civilizatorio, con una dimensión programática, y está conectada con el hecho de que el actual modelo de acumulación no permite que los 3.4 millones de habitantes de Uruguay vivan dignamente de su trabajo, ya que 550.000 trabajadores ganan menos de 25.000 pesos y, por tanto, apenas llegan a fin de mes”, remarcó el gremio.

Autor: teleSUR - lvm - YSM

Fuente: Sputnik- @Frente_Amplio