Un nuevo grupo de migrantes venezolanos fueron trasladados por Estados Unidos (EE.UU.) al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, los cuales se suman a los más de 200 ciudadanos de la nación suramericana que se encuentran en ese sitio desde hace varias semanas, en una situación que abogados no dudan en calificar como un crimen de lesa humanidad. 

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Según expertos en temas jurídicos, el procedimiento refleja una grave violación a los derechos humanos y tratados internacionales, ya que los detenidos son acusados de ser criminales sin la presentación de pruebas ni resolución de un juez. Este acto ha sido calificado como una transgresión al estado de derecho tanto en EE.UU. como en El Salvador, país señalado como cómplice de estas acciones. 

En el caso de los ciudadanos venezolanos, abogados consultados por teleSUR afirman que el encarcelamiento constituye una desaparición forzada, lo que lo clasifica como un delito de lesa humanidad. Asimismo, si las expulsiones masivas y sistemáticas fueran realizadas contra poblaciones determinadas, podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad, según los especialistas. 

Abogados contratados por el gobierno venezolano han presentado peticiones a la Procuraduría salvadoreña de Derechos Humanos para verificar las condiciones de salud de los detenidos y habilitar canales de comunicación con sus familias, como videollamadas. También solicitan el acompañamiento de visitas profesionales que informen sobre los derechos de los migrantes, algo que ha sido suspendido bajo el régimen de excepción vigente en esa nación centroamericana. 

La situación sigue siendo objeto de análisis jurídico internacional, con propuestas que buscan llevar estos casos a la Corte Penal Internacional para juzgar las violaciones cometidas. Mientras tanto, familiares de los migrantes reclaman respuestas y la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos detenidos.

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