Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América se oponen a la acción injerencista de Donald Trump que revirtió este miércoles las licencias otorgadas a empresas de EE. UU. por el anterior Gobierno de la nación norteamericana para operar en Venezuela.

Como respuesta a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de revocar, a partir del 1 de marzo próximo, la licencia de explotar el crudo venezolano otorgada a la empresa petrolera Chevron durante la administración del expresidente Joe Biden, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América rechazaron de manera categórica esta medida y la catalogaron como una acción injerencista con fines extorsivos.

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De acuerdo con el comunicado oficial de ALBA-TCP, la disposición «pretende perjudicar la estabilidad económica, política y social de la hermana República Bolivariana de Venezuela». Al mismo tiempo, expresa que el anuncio abrupto e inexplicable de este miércoles constituye una represalia directa ante la posición del país sudamericano de preservar su soberanía y determinación.

El texto de la Alianza destaca el carácter profundamente contradictorio de esta decisión de la actual administración estadounidense, que arrecia sus políticas para controlar la migración hacia el territorio estadounidense con deportaciones masivas. A propósito, el comunicado recuerda que la imposición de medidas contra la economía venezolana ha motivado, en ocasiones anteriores, notables flujos migratorios hacia los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, ALBA-TCP se remite a las ideas del Libertador Simón Bolívar sobre la conducta de los Estados Unidos, hace casi 200 años. Justo en 1829, el líder latinoamericano afirmó que «ese país parecía destinado a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad», refiere el texto.

Con este pronunciamiento de absoluto rechazo a una medida de naturaleza imperialista, los miembros de ALBA-TCP «demandan el irrestricto respeto a la soberanía, la independencia y el derecho al desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela, así como al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, mediante el levantamiento inmediato de todas las medidas extorsivas y coercitivas unilaterales contra los gobiernos y pueblos libres de Nuestra América y del mundo entero», concluye el comunicado.

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Mientras la vocera de la extrema derecha venezolana María Corina Machado festejó con júbilo la publicación de la medida, este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez consideró como lesivo el nuevo anuncio de Estados Unidos de sancionar a Chevron, que estrechó un acuerdo con Caracas durante la administración Biden.

Aunque la empresa petrolera estadounidense tenía permitido operar en territorio venezolano hasta finales del próximo mes de julio, la disposición trumpista cataliza su retirada.

Este es un primer paso a la política de «Máxima presión», sostenida por Estados Unidos contra el pueblo venezolano, que hasta el año 2022 significó pérdidas estimadas en un total de 3.993 millones de barriles, lo que equivale a 323.000 millones de dólares menos, según datos oficiales.

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