Se pidió a la Fiscalía y a la Unidad de Búsqueda de Personas diseñar un plan para localizar a unos 12 firmantes desaparecidos.

Ante la grave situación humanitaria en Catatumbo, en el nororiente de Colombia, resultado de las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Juridicción Especial para la Paz (JEP) emitió órdenes urgentes dirigidas a las entidades del Estado para proteger a los firmantes de los acuerdos de paz de 2016 cuyas vidas están en riesgo.

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Las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo a la JEP revelan que cerca de 80 personas han sido asesinadas y al menos 11.000 desplazadas. Los abogados de los excombatientes denunciaron que entre el 15 y el 22 de enero fueron asesinados los firmantes Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita. También se han registrado desplazamientos forzados y la retención ilegal de al menos 30 civiles, incluidos firmantes del Acuerdo.

En este contexto, la JEP ha ordenado al Ministerio de Defensa garantizar de inmediato la extracción de 124 firmantes del Acuerdo de Paz en Catatumbo y mantener los anillos de seguridad en el AETCR de Caño Indio y el NAR de Tibú. Dentro de 10 días, deberán presentar un informe detallado de las acciones implementadas para garantizar la protección de los excombatientes.

Asimismo, se ha ordenado a la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, diseñar y ejecutar un plan para localizar al menos a 12 firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos debido a la crisis humanitaria en Catatumbo.

Estas decisiones forman parte de la medida cautelar colectiva adoptada por la JEP en 2020, orientada a proteger a las personas en proceso de reincorporación y garantizar sus derechos fundamentales, como la vida, integridad personal y permanencia en el territorio, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

Para abordar los graves problemas de seguridad en Catatumbo, la JEP también ha solicitado a la Fiscalía que presente un informe detallado sobre todas las acciones investigativas relacionadas con la criminalidad en la región. Además, le ha solicitado diseñar un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias que hayan sido víctimas de homicidio y desaparición forzada, acelerando las investigaciones judiciales necesarias para esclarecer estos hechos.

El Ministerio del Interior, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de diversas localidades, deberá implementar un plan de atención humanitaria para las personas en proceso de reincorporación y desarrollar una estrategia para prevenir las violencias basadas en género, dirigida a las personas que se encuentran en los refugios.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización debe entregar un informe detallado sobre el estado de sus gestiones y, de ser necesario, implementar medidas para garantizar el desembolso efectivo del seguro funerario a las familias de los firmantes víctimas de homicidio, el desembolso efectivo de la renta básica priorizando a los firmantes en proceso de reincorporación en Catatumbo, y el desarrollo de un plan de acción para la continuidad de los proyectos productivos afectados por la crisis de seguridad en la región.

Finalmente, la JEP ha ordenado al Ministerio Público, integrado por las Personerías, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, diseñar una programación territorial con una estrategia enfocada en garantizar la atención urgente a los excombatientes del Catatumbo, para la toma de sus declaraciones y activar las rutas de atención correspondientes para abordar la grave situación que enfrentan en su proceso de reincorporación.

Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP no solo reafirma el compromiso del Estado con los firmantes del Acuerdo Final de Paz, sino también con las víctimas del conflicto armado.

La JEP ha destacado que los homicidios y los desplazamientos forzados no solo vulneran a los excombatientes, sus familias y las comunidades donde se asentaron tras la firma del Acuerdo, sino que también destruyen proyectos productivos, afectan los medios de vida y debilitan el tejido social y comunitario, fundamentales para construir una paz sostenible en los territorios y contribuir a la no repetición y al derecho de las víctimas a conocer la verdad por los crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

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