La sala Segunda de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco determinó anular, desde el inicio, el juicio que se sigue contra un grupo de militares por desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos durante la guerra civil en ese país centroamericano (1960-1996).

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Al pronunciarse la víspera sobre este caso, denominado Creompaz, la Sala Segunda de Mayor Riesgo de Guatemala anuló el juicio y revocó las órdenes de captura contra los implicados, la prisión preventiva y las resoluciones que los vincularon a proceso.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) manifestó que apelará la decisión de la Sala Segunda. Su presidente, Paulo Estrada, lamentó que la Sala, electa hace menos de un mes, «haya beneficiado de esta manera a militares acusados de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad (…) y que con esto continúe la impunidad después de casi 40 años».

Desde Famdegua recordaron que en este caso no se ha hecho justicia debido a los numerosos recursos para obstaculizarlo que presentaron los acusados.

Los beneficiados por la decisión de la Sala Segunda son el exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García (también enfrenta un juicio por genocidio); el excomandante de la otrora zona militar número 21, Raúl Dehesa Oliva; el coronel Carlos Augusto Garavito (cuya defensa presentó el amparo otorgado por la Sala) y el coronel Cesar Augusto Cabrera Mejía.

También el exministro de Gobernación, Byron Humberto Barrientosas, así como José Antonio Vásquez García, César Augusto Ruiz y Juan Ovalle Salazar, estos últimos oficiales. Otro implicado y beneficiado es el exdiputado Edgar Justino Ovalle, prófugo de la justicia desde 2017.

Además de hacer frente a un caso de genocidio, Lucas García fue condenado por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen (menor de edad). Dehesa Oliva, quien murió en octubre de 2023, comandó la zona militar número 21, en el departamento de Alta Verapaz (centro-norte), donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), de ahí el nombre de este caso.

Expertos forenses hallaron en los predios de esta instalación militar, entre 2012 y 2015, un total de 558 osamentas (al menos 90 correspondían a niños) que fueron enterradas allí.

Inicialmente, 14 militares en retiro fueron aprehendidos por este caso y más de diez personas fueron vinculadas a proceso, de las cuales dos han perdido la vida.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo está integrada por los jueces Miguel Enrique Catalán, Eva Recinos y Jaime Amílcar González Dávila. Según medios alternativos, durante años han sido criticados por polémicos fallos.

De acuerdo con Naciones Unidas, el conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200.000 fallecidos y alrededor de 45.000 desaparecidos.

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