Argelia expulsó el pasado sábado, a 1.141 personas migrantes que se encontraban en el país como paso hacia otro y como destino final. Entre el grupo, figuran ciudadanos de 17 países africanos y asiáticos, incluyendo 53 menores y mujeres embarazadas.

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Pese a que algunos contaban con residencia legal en Argelia, las autoridades los trasladaron en convoyes irregulares hasta el «punto Cero», una zona desértica a 15 km de Assamaka. Ante esto, organizaciones humanitarias documentaron casos de violencia física durante las redadas.

Desde abril, el flujo de personas deportadas supera las 4.000, replicando patrones de 2023, cuando se alertó sobre crisis humanitarias similares. Otras organizaciones de asistencia humanitaria, reportaron deshidratación severa y golpes de calor entre los recién llegados.

Los documentos de residencia legal, de quienes los poseían, fueron eliminados, antes de subirlos a camiones sin ventilación, violando el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles.

Chehou, coordinador de Atención Primaria de Salud (APS), denunció que las deportaciones ignoraron documentos laborales y permisos de residencia vigentes. «Esto evidencia cómo se criminaliza la movilidad humana mientras Europa externaliza sus fronteras», sostiene el especialista.

Mientras algunas naciones celebran cumbres migratorias, en Assamaka, las mujeres usan sus vestidos como toldos para proteger a sus hijos del sol. Los triciclos de rescate humanitario, parecen burlas ante camiones oficiales que siguen llegando cargados de más cuerpos exhaustos.

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