La Justicia Federal argentina dio al Gobierno del ultraderechista Javier Milei cinco días para explicar el nuevo decreto que autoriza al país a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Esta decisión surge como respuesta a una acción de amparo colectivo presentada por varias organizaciones sociales, que cuestionan la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza este nuevo préstamo.

El reclamo sostiene que el Ejecutivo asumió facultades legislativas sin justificar adecuadamente la urgencia, violando así el principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional.

El DNU en cuestión, publicado el 11 de marzo, no especifica el monto ni las condiciones del endeudamiento, lo que generó preocupación entre los opositores. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó recientemente que el Gobierno está solicitando un préstamo de 20.000 millones de dólares al FMI.

Este acuerdo, aún pendiente de aprobación por el directorio del organismo, busca no solo refinanciar deudas anteriores sino también sanear el balance del Banco Central y reducir el riesgo país, permitiendo así el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda.

La acción de amparo fue iniciada por un grupo de abogados y dirigentes políticos, incluyendo al economista Claudio Lozano y al abogado Jonatan Baldiviezo. Los denunciantes argumentan que el DNU viola varios artículos de la Constitución, al delegar facultades legislativas sin establecer bases ni límites, y al no justificar adecuadamente la necesidad y urgencia del decreto. Además, critican que el Ejecutivo se arroga una supremacía que podría poner en riesgo la economía del país.

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La situación se complica aún más por la fuerte presión económica que enfrenta Argentina, con una deuda significativa con el FMI y vencimientos importantes en los próximos años. La deuda actual con el Fondo asciende a más de 41.000 millones de dólares, y los vencimientos totales entre 2026 y 2035 superan los 177.000 millones de dólares.

En este contexto, el Gobierno busca utilizar el nuevo préstamo para cancelar deudas pendientes y estabilizar la economía, aunque enfrenta resistencia política y judicial.

La transparencia y el control parlamentario sobre las decisiones económicas clave serán fundamentales para evitar mayores tensiones políticas y sociales en un momento en que la estabilidad económica es más necesaria que nunca.

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