La decisión, anunciada este miércoles, marca el inicio del proceso de privatización total de la compañía estatal creada en 2004 para impulsar obras estratégicas en hidrocarburos y energía. Según el decreto, la privatización se realizará mediante la separación de actividades y bienes de cada unidad de negocio de Enarsa, que incluyen exploración de yacimientos, transporte, almacenaje y comercialización de hidrocarburos.

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, será el encargado de definir las normas operativas para el proceso, mientras que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas creada para reorganizar activos estatales actuará como unidad ejecutora.

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Desde la Casa Rosada defendieron la medida, señalando que Enarsa supuestamente “requirió transferencias millonarias del Tesoro Nacional” para mantener una estructura que “no ha dado los resultados esperados”. En un comunicado, afirmaron que la privatización busca “ordenar el funcionamiento del Estado” y permitir que el sector privado, “con capacidad de inversión y experiencia”, gestione servicios críticos como la transmisión eléctrica.

Además, el Gobierno insistió en que la medida mejorará la calidad del servicio, fomentará la competencia y garantizará “precios reales y sostenibles para todos los argentinos”. “El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación”, sostuvo el texto oficial.

Críticas y redefinición del rol estatal

La venta de Enarsa implica transferir al sector privado una empresa que, durante dos décadas, lideró proyectos estratégicos como la exploración de hidrocarburos y la expansión de la red eléctrica. Pese a las críticas por el histórico rol de la compañía, el Gobierno enfatizó que ahora el Estado se concentrará en “organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético”, alejándose de la gestión directa. 

El debate sobre la privatización se centra ahora en los plazos de ejecución y los posibles impactos en tarifas y empleo. Mientras el oficialismo insiste en que la medida aliviará las arcas públicas, sectores opositores y sindicales advierten sobre riesgos de concentración de servicios esenciales en manos privadas.

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