De las 863 solicitudes iniciadas en el 2023, 96 de ellas se encuentran aún en trámite

La Justicia de Argentina ordenó al Gobierno de Javier Milei atender las necesidades sanitarias de personas vulnerables que necesitan medicamentos por tratamientos de cáncer y otras enfermedades graves.   

Nada que festejar: Argentina despide el año con recesión, desempleo y salarios de miseria

El dictamen de la Justicia insiste que el Ejecutivo resuelva los pedidos realizados por pacientes vulnerables a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), en un contexto donde en los primeros meses del año hubo al menos siete muertes entre quienes sufrían demoras e interrupciones por parte de esa dependencia.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos quien dio un plazo de diez días al Gobierno para que “resuelva los expedientes administrativos sobre solicitudes de subsidio que tengan una demora de más de 60 días y, en el plazo de veinte (20), adecue todos los expedientes administrativos al procedimiento previsto en la ley 19.549 —en especial el plazo de sesenta días para su resolución”.

La irresponsabilidad del Gobierno se muestra en que de las 863 solicitudes iniciadas en el 2023, 96 de ellas se encuentran aún en trámite; de la totalidad de los expedientes en trámite (940), en 829 tienen una demora de más de 60 días hábiles administrativos; y de los 141 expedientes en trámite sobre niñas, niños y adolescentes, en 119 se excede el plazo de 60 días hábiles administrativos”.

De igual manera, diversas organizaciones habían presentado la denuncia por la interrupción y las dilaciones en las respuestas por parte de la Dadse: la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a tiempo.

A través de un comunicado las organizaciones insistieron que “el fallo confirma nuestras denuncias respecto a la grave paralización en la gestión de subsidios de mediano y bajo costo, así como en las ayudas a familiares. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la falta de gestión ha afectado profundamente a miles de personas, privándoles de los medicamentos esenciales para garantizar su derecho a la Salud, corolario del derecho a la vida”,

Más ajuste por la motosierra

Entre tanto la plataforma Página 12 anunció que el Gobierno nacional ratificó que “desde marzo próximo el Estado no podrá contratar personal sin haber aprobado el cuestionado ‘examen de idoneidad’ que el Ministerio de Desregulación ya le tomó a todos los empleados públicos en actividad para justificar despidos, pero que sin embargo fue aprobado por el 95 por ciento de los trabajadores”.

“Cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una el área hubiera verificado tres bajas previas”, lo que significa que sólo se podrá incorporar a un trabajador si antes fueron echados otros tres.

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