La Asociación Americana de Juristas (AAJ) rechazó este domingo las violaciones en que incurren la Administración Trump y el Gobierno de El Salvador al trasladar ilegalmente y secuestrar a centenares de migrantes venezolanos desde EE.UU. hasta la nación centroamericana, y exigió su inmediata liberación.

A través de una declaración, la AAJ denunció que esas acciones violan las protecciones garantizadas bajo la quinta y sexta enmiendas de la Constitución estadounidense, y también los «Derechos de Miranda».

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Días atrás, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele admitió tener secuestrados en una megacárcel de alta seguridad -pago de EE.UU. mediante- a 252 venezolanos deportados por la Administración Trump.

La AAJ aseguró que fueron detenidos y expulsados de manera arbitraria, forzada, humillante y en violación al derecho de revisión judicial en los EE.UU., el derecho constitucional estadounidense, y pactos y convenios suscritos del Derecho Internacional Público y de los DD.HH.

A partir de estos y otros argumentos, afirmaron que Trump y Bukele serían corresponsables de crímenes de lesa humanidad, previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual El Salvador es suscriptor.

Entre los pactos y convenios que ambos Gobiernos violaron, la AAJ mencionó la Declaración Universal de los DD.HH., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (prohíbe en sus artículos 9 y 14 las detenciones arbitrarias), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 16), y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículos 9, 16 numeral 5 y 18).

En opinión de la AAJ, «la recepción de venezolanos en cárceles de El Salvador, en el contexto de una previa negociación mercantil de seres humanos y la posterior oferta de ser canjeados por presuntos presos políticos en Venezuela, demuestra un fin político, generando graves violaciones de los derechos humanos«.

Denunciaron que en este caso «las violaciones al debido proceso, el traslado forzoso, la incomunicación con abogados se agravan con el ocultamiento previo de sus identificaciones y la ausencia de información sobre las condiciones médicas en que se encuentran».

Fundamentaron que existió «un ataque generalizado en contra de una población civil y los supuestos referidos a la recepción del traslado forzoso de una población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; persecución y aislamiento de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, como también la desaparición forzada de personas».

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Aseguró que estas «conductas autoritarias e ilegales, violatorias la normativa nacional e internacional, por parte de los gobiernos de los EE.UU. y El Salvador» recuerdan «los crímenes perpetrados por los nazis y los campos de concentración. Alertamos sobre el peligro de que la comercialización de seres humanos se extienda a otros países en nuestra región, alineados y actuando en conjunto con las políticas imperialistas, colonialistas y ultraderechistas de los EE.UU.«

«Por lo antes expuesto, y ante la violación de los derechos humanos de 352 venezolanos trasladados inhumanamente por los EE.UU. y bajo condiciones de detenciones arbitrarias en El Salvador, solicitamos su liberación inmediata; por el trato inhumano, cruel y degradante que viola los derechos humanos, atentando contra la justicia«, concluye el pronunciamiento de la AAJ.

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