Al cierre de esta edición ya pasaron tres semanas de las elecciones y para todo el mundo queda claro el alcance del bochorno en curso. A pesar de todo, el control de este país es demasiado estratégico para que desde el norte respeten una derrota electoral que sienten como propia. De manera que el escenario se encuentra abierto y en pleno desarrollo, aun cuando no alcanza a penetrar en la mayoría de los medios de comunicación internacionales.

El 26 de noviembre se realizaron elecciones presidenciales en Honduras. Los principales candidatos fueron el actual presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), perteneciente al ultraderechista Partido Nacional, que tomó el poder tras el golpe de Estado contra Mel Zelaya en junio de 2009; y el candidato de la Alianza Opositora a la Dictadura, Salvador Nasralla, quien contó con el apoyo del Partido Libre, surgido del Frente Nacional de Resistencia Popular al golpe y liderado por Zelaya.

A medida que avanzaba el escrutinio en la noche de ese domingo, la tendencia era clara a favor de Nasralla, pero en ese momento comenzaron las irregularidades por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dominado por un integrante del partido de gobierno. En primer lugar, el conteo fue interrumpido tres veces por supuestas “caídas del sistema”. Luego de estas interrupciones, los resultados cambiaron radicalmente su tendencia y comenzaron a acercar a ambos candidatos. Inmediatamente la Alianza opositora denunció que miles de actas electorales fueron alteradas. Esto fue acompañado por otros partidos opositores, como el Partido Liberal, que fue el tercero más votado.

Mientras tanto, más tímidamente Nasralla y con mucha claridad Zelaya, la Alianza convocó a la población a colmar la calles, haciendo ingobernable el país. Inicialmente, el régimen encabezado por Hernández fue respaldado explícitamente por la Embajada de Estados Unidos y tácitamente por la OEA, con la complicidad de la misión de observación encabezada por el ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga y el silencio de su secretario general Luis Almagro, ambos aliados del Departamento de Estado norteamericano. Este acompañamiento se tradujo en un aumento de la represión.

Sin embargo, la ilegitimidad del gobierno es tan grande que algunos cuerpos especiales de represión se declararon en huelga y luego retomaron sus funciones de seguridad pero se negaron a reprimir al pueblo. En este contexto, la misión de observación de la Unión Europea decidió acompañar el pedido de verificación de la totalidad de las actas electorales. Las pruebas de fraude son tan evidentes que la propia misión de la OEA se vio obligada a reconocerlo en uno de sus informes, con lo cual la dictadura quedó aún más deslegitimada.

Como respuesta política, el TSE sólo atinó a un conteo parcial que contó con la presencia de la Embajada de USA, pero en el que no participó la Alianza opositora. Luego de la escena, el Tribunal Electoral anunció como ganador a Hernández, con el 42%. Al cierre del artículo, el gobierno intenta posicionarlo como tema definido.

Sin embargo, el pueblo sale a la calle y se agudiza la represión. Al 19 de diciembre, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) informaba que al menos 22 personas fueron asesinadas por el gobierno con el objetivo de disolver las protestas. Además, hasta el día 15 de diciembre había otras 51 personas heridas y 800 detenidas, cifra que aumenta día a día a partir de la brutalidad policial.

El fraude es tan evidente que al día de hoy el conflicto no está cerrado: la población continúa movilizada y el gobierno carece de legitimidad internacional.

El escenario en Honduras

JOH es referente de la derecha hondureña pro-norteamericana, que gobierna tras el golpe de Estado de 2009. Este golpe desalojó del gobierno a Manuel Zelaya y abrió un proceso de entrega del territorio al capital trasnacional. Su inmediata consecuencia fue el incremento de la represión al pueblo: lo testimonian el asesinato de Berta Cáceres –en el que están involucrados empleados de una empresa extractiva junto a oficiales de inteligencia militar formados por USA- y de otros líderes sociales y políticos.

El golpe de Estado en Honduras, contemporáneo de la puesta en marcha de Unasur, marcó el inicio de una ofensiva de la derecha y el imperialismo en contra de los pueblos de nuestro continente, con el objetivo de atacar el proyecto ALBA-TCP y los avances en la integración continental.

No casualmente la interrupción del orden constitucional se dio poco después de la adhesión de Honduras al bloque del ALBA y el mismo día que se realizaba una consulta al pueblo sobre la necesidad de reformar la Constitución.

El objetivo fue evitar el desarrollo de una política soberana: garantizar la subordinación del Estado hondureño –en especial de sus fuerzas armadas- al pequeño sector de altos ingresos del país, que gobernó durante casi todo el siglo XX por la fuerza, en alianza con grandes empresas internacionales y el gobierno de Estados Unidos. La política implementada a partir del golpe del 28 de junio de 2009 no hizo más que acentuar la pobreza y la violencia social en el país.

El surgimiento primero del Frente Nacional de Resistencia Popular, para enfrentar la dictadura en la calle, y luego la creación de una herramienta electoral, el partido Libre, canalizaron el descontento de amplios sectores de la población. En 2013, Xiomara Castro, esposa de Zelaya y referente de Libre, se presentó como candidata a presidente pero el TSE, en elecciones también muy cuestionadas, adjudicó la victoria a Hernández.

Cuatro años después, Libre impulsó una alianza amplia, que incluyó al Partido Anticorrupción fundado por Nasralla, una figura popular por su paso por la televisión. Este proceso de unidad fue decisivo para catalizar el masivo descontento con el gobierno y dejó a la dictadura en la situación de mayor debilidad de los últimos ocho años.

El régimen del Partido Nacional tiene bases materiales en su alianza con Estados Unidos y el poder militar sobre la población, que puede sostener a Juan Orlando Hernández, aún con la mínima legalidad y legitimidad. Esta situación pone en grave peligro al pueblo hondureño, en especial a su militancia popular, que no se rendirá tras haber conseguido el triunfo que el fraude ahora le niega.

Una eventual nueva elección -como lo pide la OEA, por ejemplo- o la ahora más lejana confirmación del triunfo de Nasralla en la elección del 26 de noviembre seguramente abrirá una etapa de contradicciones al interior de la heterogénea alianza opositora, aunque también será vivido como un hecho fundante de la política hondureña, basado en el heroísmo de miles de personas que se animan a enfrentarse al poder de fuego de un régimen autoritario y corrupto. Este escenario podría suponer una derrota para el imperialismo norteamericano y por lo tanto una victoria importante para las fuerzas populares de todo el continente. Precisamente por eso, probablemente, el régimen conservador tiene la aprobación para apoyarse en la fuerza de sus armas.

Lo sucedido en estas semanas es signo de que los sectores dominantes nacionales aliados con el proyecto imperialista ya no se manejan dentro del consenso democrático logrado desde los años 80. A su vez, demuestra que las luchas en la calle siguen siendo un factor imprescindible para frenar la avanzada conservadora, semillas de nuevos proyectos populares que también tendrán que defenderse con el pueblo movilizado y organizado. ¿Iniciará una nueva avanzada continental de los pueblos? Eso aún está en disputa, lo que queda claro es que las elites tampoco la tienen fácil. Ni siquiera en los territorios que dominaban como si fuera su patio trasero.

Artículo escrito por: Fernando Vicente Prieto* y Gonzalo Armúa**

* Periodista

** Lic. en Comunicación e integrante de la secretaría operativa de ALBA Movimientos