La ciudadanía enfrenta otro de esos momentos históricos que marcan el rumbo. Las cualidades de un gobernante se pueden medir desde el momento inicial de su asunción al poder. En esa situación de privilegio se sientan las bases de la relación entre gobernantes y gobernados, por lo cual resulta indispensable leer las señales que delatan la trayectoria futura. En el caso de Guatemala, la sombra de personajes oscuros tras el presidente y su renuencia a transparentar sus acciones ha provocado serias dudas sobre quienes están al mando. En el transcurso de los meses, esas dudas se fueron volviendo realidad a través de decisiones opuestas a las expectativas ciudadanas y el incumplimiento de promesas de campaña.

Poco capacitado para gobernar –nunca fue político y, de hecho, nunca esperó llegar a serlo- el actual mandatario parece haber dejado el mando en manos de otros, cuyas intenciones e intereses los llevan a romper la iniciativa más trascendental emprendida en el país para erradicar, de una vez por todas, el cáncer de la corrupción que atraviesa y contamina la economía, la gestión política y la vida misma de los guatemaltecos.

Durante su visita intempestiva a la sede de la ONU en Nueva York para pedir la remoción del Comisionado Iván Velásquez Gómez de su cargo como jefe de la Cicig, el Presidente no mostró su autoridad sino más bien cayó en el bochorno de exhibir sus temores frente a la comunidad internacional, haciendo ese fútil intento para evitar que su partido político y él mismo sean investigados por delitos de financiamiento electoral ilícito. La reacción del Ejecutivo hace pensar en un dicho popular que reza “a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”.

Al actuar con arrogancia, el mandatario confirma su falta de pulso político y comete no uno de sus usuales errores, sino uno de proporciones catastróficas al plantar la duda sobre su apego a la ley y sus intenciones futuras, dejando en evidencia que sus amigos en la sombra no se detienen en escrúpulos para buscar fortalecer el poder y la impunidad a toda costa, sacrificando los pocos avances que el país ha experimentado en su consolidación de la democracia y el estado de Derecho. Da la impresión de que el mandatario no ha calculado bien los alcances de este golpe certero a su credibilidad. A partir de ahora el escenario es otro y podría ser él quien termine siendo el más afectado por la resaca de esta ola política.

El sábado la ciudadanía se manifestó con un fuerte espíritu cívico. Sin violencia pero conscientes de la necesidad de patentizar su repudio por las acciones del Ejecutivo contra la institucionalidad encarnada en las investigaciones realizadas por la Cicig y el Ministerio Público, muchos ciudadanos se plantaron frente a la Casa Presidencial para expresar su protesta. La respuesta fue un comunicado en el cual el Presidente exige a Iván Velásquez que abandone el país de inmediato luego de haberlo declarado non grato. Es decir, condena al silencio y a la oscuridad todo intento de transparentar y someter ante la justicia los actos delictivos y a quienes los han cometido amparados por el poder. Lo cual no solo despierta dudas sobre su participación en esos hechos sino reduce su autoridad para dirigir los destinos de un país en profunda crisis moral.

Los malos consejeros son tan peligrosos como un mal aconsejado. Es oportuno recordarle al Presidente que fue electo bajo un sistema electoral tan deficiente como clientelar y como expresión de rechazo contra otros postulantes aparentemente peores. Es decir, su supuesto triunfo se inscribe dentro de un esquema político débil, diseñado únicamente para servir de amparo a la corrupción.

El país necesita con urgencia los talentos de un auténtico estadista. El sistema y sus leyes electorales deben cambiar.

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