Es una anécdota recurrente en Venezuela el dar cuenta, que  a la hora que un político desaparece de la escena nacional, que ya no tiene más presencia ni relevancia local, pasa a constituirse en  un “cadáver insepulto”.

Denominación que en la historia política del país sudamericano refiere las palabras con las cuales el ex Presidente Rómulo Betancourt  enrostró al tribuno margariteño Jóvito Villaba, que le disputaba la simpatía estadounidense en la derecha venezolana; una carrera política en decadencia y en caída libre. Realidad que condujo a Villaba, finalmente, a salir del país y con ello sepultar cualquier posibilidad de disputar el cetro de líder político derechista a Betancourt.

Esa condición de muerto viviente, de zombie político es claramente asignable a la ex Fiscal General de Venezuela Luisa Marvelia Ortega Díaz, quien en un periplo internacional, cuyo financiamiento tiene más  nebulosas que claridad, se ha encargado de recorrer países de Latinoamérica y de esa manera ser parte de la maquinaria opositora de crítica y desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro. La ex Fiscal Ortega, recordemos, condujo a la Fiscalía General de la República durante 15 años. Complicó las relaciones con el Poder Ejecutivo a partir de marzo del año 2017, fecha en la cual  comienza a develarse la relación de esta ex funcioanria pública venezolana con la derecha más extrema de su país y el trabajo de zapa impulsada por esta abogada, destinada a generar el descalabro institucional en uno de los poderes importantes de la nación sudamericana.
    
Esta profesional legista, nacida en el estado de Guárico dedicó gran parte de sus primeros años de profesión a la labor de docencia universitaria. Casada con el ex Guerrillero y ex diputado oficialista Germán Ferrer, quien ha sido acusado por el  Ministerio Público de liderar “la creación de una fundación y una compañía anónima en el exterior” para lucrarse gracias a una red de extorsión, mostrándose como evidencia copias de los documentos de la apertura de cuentas en un banco de Bahamas por parte de Ferrer y otros funcionarios de la Fiscalía con fondos por valor de US$6 millones.

Volviendo a Ortega Díaz, esta abogada, que suele pedir, se le siga llamando Fiscal cuando en verdad no ostenta dicho cargo, comenzó a trabajar para el Estado a partir del Golpe de Estado del año 2002 contra el Comandante Hugo Chávez. En esa fecha, ingresa a trabajar en el seno del Ministerio Público – Fiscalía General – institución en la cual concretará una carrera meteórica debido a su cercanía con el ex Fiscal general Isaías Rodríguez, quien al dejar el cargo la propone como su sucesora el año 2007. El año 2014 y tras finalizar su primer mandato constitucional es reelegida para continuar en el cargo,

A inicios del año 2017 quedó al descubierto una serie de situaciones que afectaban a la ex Fiscal Ortega y que mezclaban la corrupción y acusaciones de maltrato y racismo contra funcionarios bajo su dependencia. El descubrimiento de cuentas bancarias en Panamá a nombre de su esposo y la hija de esta en el plano de sospechas de corrupción en colusión con altos funcionarios de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela – PDVSA – y que ha significado en las últimas semanas la destitución y detención de decenas de altos cargos.

La destitución de la ex Fiscal Ortega, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente surgida de  la elección de julio del año 2017, se fundamentó en la realización u omisión de acciones, que para la justicia venezolana eran constitutivas de delitos y faltas graves al ordenamiento constitucional y legal “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa…actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución  y violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.

Tales acusaciones implicaron una destitución, que se concretó una vez que el Tribunal Supremo de Justicia – TSJ - en sala plena decidió su enjuiciamiento penal y la respectiva sentencia que implicó: la suspensión de Ortega como titular del cargo y su habilitación para el ejercicio de cualquier función pública de conformidad con el Artículo N° 380 del Código de Procedimiento penal lo que hace imposible llegar a cumplir una idea que expuso en una entrevista a un medio chileno respecto a una eventual candidatura presidencial.

En pleno proceso de destitución, los demandantes solicitaron al TSJ la prohibición de salida del país de la Fiscal y congelamiento de sus bienes, como medidas cautelares que fueron acogidas por el máximo tribunal. La defensa penal de Ortega fue llevada a cabo por un grupo de abogados, encabezados por Ángel Zerpa Aponte, quien en clara muestra del contubernio entre Ortega y la oposición, fue nombrado como Magistrado por la Asamblea Nacional – ya en proceso de desacato – como premio a sus esfuerzos. 

Es interesante hacer notar, elemento que no suele ser mencionado por la ex Fiscal cuando se presenta en los distintos países que visita, que en la Audiencia Oral de Antejuicio de Méritos, además del entonces Defensor del Pueblo Tarek Willian Saab  - actual Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente – y el Diputado Pedro Carreño expusieron sus alegatos como demandantes, para fundamentar la solicitud del antejuicio de mérito contra la fiscal Ortega Díaz en forma y acusaciones muy precisas, que no han sido cuestionadas por la ex Fiscal, quien prefirió huir ante que enfrentar dichas acusaciones. 

El parlamentario Carreño denunció un plan desestabilizador, llevado a cabo por la ex Fiscal General,  en connivencia con la Oposición para presentar a Venezuela como un Estado fallido. “Se busca generar la sensación de que en Venezuela hay un conflicto de poderes, esa es la primera tarea que vino a cumplir la Asamblea Nacional, en desacato, y que recogió la señora Luisa Ortega Díaz”, expresó Carreño, quien detalló en su alegato todos los delitos por los cuales Ortega era acusada

1.- Mentir al negar haber participado en proceso de selección de candidatos a Magistrados y cuestionar la legitimidad de la elección realizada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2014. Se demostró su anuencia mediante pruebas grafotécnicas.
2.- Denegación de Justicia para actos criminales y abominables en manifestaciones violentas de la oposición. Una labor distinta a la administración de justicia durante los actos violentos en el año 2014. En el año 2017 su vínculo e identificación con la oposición era evidente. 
3.- Negarse a Auditorías Administrativas ordenadas por la Contraloría General de la República.
4.-  Apropiación Indebida de Avión Privado y abuso de poder. Refiere al uso privado de un avión retenido por el Estado y que fue utilizado por Ortega en actividades ajenas a la función gubernamental. Ortega, incluso, cambió identificación de la aeronave por patente de Estados Unidos.
5.- Promover una red de extorsión y chantaje en el  Ministerio Público. Fiscales y directores de la Fiscalía al mando de Luisa Ortega Díaz, cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a delincuentes o culpar a personas inocentes. Los bienes materiales también eran aceptados como pago por estos servicios fraudulentos
6.- Prácticas Racistas.

A Ortega la destituyó la ANC a comienzos de agosto del año 2017, en su primera sesión de trabajo. A las pocas semanas, ya con Luisa Ortega fuera del país, refugiada en la actualidad en Colombia donde cuenta con la protección oficial del gobierno de Juan Manuel Santos, se dio a conocer la participación de la ex funcionaria de gobierno en una red de corrupción al interior de PDVSA,  que ha significado el desfalco de no menos de 500 millones de dólares. El actual Fiscal general Tarek William Saab señaló en rueda de prensa que Ortega Díaz omitió una “altísima magnitud de corrupción,  en casos de desfalco patrimonial de la nación: se ve involucrada en los silencios punitivos con respecto a casos vinculados a Cencoex y la extinta Cadivi. A lo que hay que sumar que la antigua funcionaria benefició a traficantes de droga en procesos ante la Fiscalía: más fueron los liberados que los privados de libertad por ese delito”.
Para el gobierno venezolano los grandes negocios que involucran un robo a la nación, un socavamiento tanto de los dineros públicos como del narcotráfico a gran escala en Venezuela demuestran que Luisa Ortega Díaz tiene una participación estelar e innegable. Es responsable directa según las pruebas que hasta ahora se han dado a conocer a la luz pública. “Usted  - Luisa Ortega - es la principal responsable del desfalco”, denunció el Fiscal General ante la prensa.

Esta es la ex funcionaria de gobierno Luisa Marvelia Ortega Díaz que ha visitado Chile, se ha entrevistado con el mandatario electo Sebastian Piñera en orden a solicitar apoyo para “el retorno a la democracia en Venezuela” en un viaje que ha tenido amplia cobertura cuando se trata de una opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Una mujer acusada de múltiples delitos a la cual no se le ha preguntado absolutamente nada de ello, presentándola más bien como una luchadora por la democracia. Nada se ha dicho de los millonarios bienes encontrados en su casa: cuadros, joyas, dinero en efectivo, impropio de una funcionaria  pública. Nada se ha interrogado respecto a las cuentas bancarias en dólares en paraísos fiscales de miembros de su familia. Nada se ha demandado en torno a su participación en el desfalco a PDVSA 

La ex Fiscal se reunió con el electo mandatario derechista y en una prueba que conoce muy poco de la historia del país que visitó en busca de apoyo contra el gobierno venezolano definió a Piñera “un hombre que siempre ha dado muestras de respeto a la democracia". Los medios de comunicación en Chile, en general, sus políticos, cuando se trata de personajes, sin ninguna relevancia especial, que critican al chavismo, que especulan sobre el futuro y demandan intervenciones de los políticos latinoamericanos para que ayuden a generar inestabilidad en su patria y la caída de su gobierno, tienen amplia cobertura y en ese plano resulta vergonzoso observar a los medios de comunicación sumarse al coro desestabilizador. 

Es aberrante constatar que personajes como Sebastián Piñera, sostén de una dictadura como la del ex general Pinochet, aliado de partidos de ultraderecha, golpistas y con escasa estructura democrática, traten de dar lecciones de demócratas. Es, a todas luces un acto de surrealismo, más propio del realismo mágico macondiano y la influencia de las series hollywodenses relacionadas con muertos vivientes, el que se trate de mantener con vida mediante operaciones políticas y comunicacionales, a lo que es un cadáver insepulto como la ex Fiscal General Luisa Marvelia Ortega Díaz.