Una reforma del Estado inclusiva | Blog | teleSUR
12 mayo 2021
Una reforma del Estado inclusiva

Uno de los rasgos del discurso que ha marcado reiteradamente las últimas décadas, de cara al proceso de globalización, es la reforma del Estado. En la ruta de la competencia entre países, se han producido importantes transformaciones en las relaciones sociales. Entre los aspectos del ámbito político, destacan los cambios en el rol del Estado-nación, especialmente en lo que respecta a la función y capacidad de brindar un sistema de protección social aun con la exigencia de gobiernos más funcionales.

Una reforma del Estado inclusiva

El centro del debate es si encontramos un Estado mínimo en los estándares neoliberales de reducción de costos o uno que, incluso reformado, es más eficiente en políticas que apuntan a cambiar la condición de los más necesitados.

El cuestionamiento debe abordar dónde están los costos reales que limitan un papel de liderazgo en la acción del gobierno. Se destaca un enfoque de costos operativos y peso financiero que puede debilitar las cuentas del ejecutivo.

En el transcurso de este análisis, y debido a que una reforma estatal abarcaría muchos campos y diferencias en función de la diversidad de naciones, este ensayo se centra más en la realidad de los países en desarrollo y las especificidades de una América Latina. Esta situación marca la diferencia, ya que las naciones europeas y norteamericanas tendrían una situación fiscal controlada con altas entradas y reservas de capital, además de un pasivo social infinitamente menor que las demás en subdesarrollo.

Este escenario se aclara a través de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que mide la pobreza extrema, la forma más intensa de escasez, en la que ni siquiera las necesidades básicas están cubiertas, habrá alcanzado el nivel más alto desde 2000 Esto significa que cada ocho latinoamericanos (12,5%) enfrenta esta realidad. Esta situación se agravó en más de un punto porcentual respecto a hace un año, cuando la crisis sanitaria era una opción remota, y casi cinco puntos más que en 2014, cuando la cifra alcanzó su punto histórico más bajo (7,8% de la población).

En cuanto a la pobreza, la situación se agravó con la pandemia, cuando en 2020 América Latina alcanzó el 33,7% de la población de la región. Es el nivel más alto desde 2008. Según la proyección de la CEPAL, en 2020 había un total de 209 millones de personas en situación de pobreza, 22 millones más que el año anterior.

Este hallazgo, incluso tomando como parámetro que el Estado se diferencia de un individuo en términos de endeudamiento, coexiste con un deterioro de las cuentas públicas de la región.

Por ejemplo, la principal potencia mundial tendrá la deuda pública de Estados Unidos superior al tamaño de la economía del país en el año fiscal 2021, informó Congressional Budget Services (CBO), proyectando también un déficit fiscal récord. Mientras que en 2023 subiría al 107%, "el nivel más alto de la historia del país".

La evolución de este déficit fiscal apuntaba a $ 3,3 billones en 2020, "más del triple del déficit registrado en 2019, principalmente por las perturbaciones económicas provocadas por la pandemia de coronavirus" y el gigantesco plan de auxilio económico implementado por las autoridades.

La diferencia en realidad se hace mayor, cuando EE. UU. es el país donde se destina el gran capital y, por tanto, sin dificultad para desplegar sus bonos públicos. En la práctica, el tiene poder que controla los parámetros de los préstamos a América Latina, sin tener que cumplirlos.

Según el estudio “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021”, se acentúa el crecimiento de la deuda pública en la región. Midiendo diciembre de 2019 y diciembre de 2020, esto apunta a la siguiente situación de algunos países que aquí mencionamos: Argentina saltó de 2019 a 2020 de 90,2% del PIB a 104,5%; Brasil del 74,3% al 89,3%; Costa Rica del 58,5% al 67,9%; Uruguay del 49% al 61,5%. En este período, el promedio latinoamericano fue de 45,6% a 45,3%; mientras que algunos países, por ejemplo, estaban por debajo del estándar del continente, como México, 36,1% a 41,9%; Perú 24,1% a 35,2%; Chile 27,25% a 32,5%.

Este nivel de endeudamiento, y enfrentar los estándares marcados por el FMI y el Banco Mundial controlados por Europa y EE. UU. Respectivamente, limita la capacidad y responsabilidad que tiene actualmente el Estado-nación para implementar políticas estatales y garantizar y / o ampliar derechos.
 

UN ENSAYO PARA LA  REFORMA ESTATAL INCLUSIVA

Esta reflexión y algunos datos nos apuntan a la necesidad de una reforma estatal, que no necesariamente tiene el parámetro de un estado mínimo, para ser más eficiente en la valoración de los pocos recursos públicos.

En medio de este proceso de reestructuración, una reforma sin prejuicios del Estado es fundamental para dar respuesta a los desafíos sociales y políticos que muchas veces generan tensiones.

Si bien las medidas para equilibrar las cuentas públicas en el corto plazo son importantes, sería una reforma sin prejuicios la que podría brindar condiciones para el equilibrio a largo plazo y devolver la capacidad de invertir en beneficios para la mayoría de la población.

En este sentido, es muy relevante intervenir en materia jubilatoria y tributaria. La reforma de la primera cita es una cuestión matemática, a medida que la población envejece, comenzamos a tener más beneficiarios de la jubilación que los contribuyentes. Esta ecuación solo se cerraría en una situación normal con impuestos más altos sobre esta base minoritaria, o sobre rentas elevadas. Finalmente, y con menos indicación, un cambio de prestaciones. Como sugerencia, el tramo de ingresos más bajo podría tener ganancias reales en detrimento de los tramos más altos, que a menudo tienen un sistema complementario privado.

La reforma tributaria indudablemente trae reducción del gasto y mayores impuestos al ejecutivo estatal. En primer lugar, hay que reconocer que no hay forma de remover o sancionar a quienes tienen poco. Por tanto, estos recortes deben ser en gastos corrientes que no signifiquen desinversión en la base social. Desde la perspectiva de la receta, la lucha contra la evasión fiscal es urgente y tiene una enorme elasticidad de crecimiento. Todavía es necesario profundizar la recaudación de impuestos sobre las grandes fortunas como ha seguido Argentina. En países donde el 1% de la población a menudo tiene recursos alrededor de la mitad de la población, no se puede pensar en renunciar a estos ingresos que harían que la sociedad fuera más justa.

Como resultado, incluso si es controvertido, la reforma administrativa no se puede dejar de lado. Ya sea por el cambio en la cotidianidad globalizada, los avances tecnológicos e incluso los más recientes con nuevas prácticas de trabajo con la pandemia, la reducción de empleados en sectores fijos y el crecimiento en áreas de fiscalización y beneficios a la población es una migración urgente. En este paradigma, la estabilidad en el sector público ya no es necesaria. Inhibe la búsqueda de la eficiencia, desalienta nuevos conocimientos para los empleados y deteriora el servicio a la población. Por lo tanto, incluso si hay protección en puestos de gran responsabilidad en el sistema, la gran mayoría debe romperse incluso con un sistema de mandatos. Esta inercia que se ha vuelto perjudicial para el Estado al crear castas reales.

Por otro lado, si debería incluir en estas posibilidades la determinación de reducir el peso del capital en los costos del Estado. La CEPAL en este informe del "Panorama Fiscal" de 16 países del continente muestra que en 2010 el peso del capital fue del 3,7% del PIB mientras que los intereses por sí solos representaron el 1,7% del PIB. En 2013, el costo de capital se elevó al 4,1% seguido de los intereses como el 1,9% del PIB. En 2020, incluso con la pandemia, el capital tenía el 3,3% del PIB, mientras que las tasas de interés seguían subiendo hasta el 2,7%. El costo financiero aumenta incluso en tiempos de crisis con la enfermedad.

Es claro sostener con estas cifras o que hay que defenderlo como argumento. Una reforma del Estado actual no puede dejar de abordar o resguardar el capital financiero no público. Alto jura que hay pagos desde hace años dotados por estas naciones, que ostentan dos títulos, un proceso que requeriría cuestionar la alta proporción de financiarización de la economía.

En definitivo, independientemente de la construcción del modelo de ese Estado, debe garantizar, al menos, la salud pública y la educación, así como los bancos de incentivos al desarrollo. Todos estos datos y referencias nos llevan a la pregunta de quién es el dueño del estado. ¿Lo capital o la población? Y, por tanto, buscar equilibrar el péndulo entre los dos, con la esperanza de viabilizar realmente las políticas públicas.


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Perfil del Bloguero
Economista brasileño con posgrado en historia contemporánea, maestría en historia social y doctorado en ciencias de desenvolvimiento estratégico. Autor del libro El Caso Venezolano (2016).
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