Tras la judicialización de la política por Mariano Rajoy, España ya no sería una democracia liberal con separación de poderes sino que habría sido sustituida por un Arcontado o Gobierno de los Magistrados.

En la antigua Grecia, los Arcontes eran los 9 Magistrados que se encargaban del gobierno de Atenas y eran elegidos cada año entre los miembros de la nobleza. Así, la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala Penal del TS, el Presidente de la Audiencia Nacional, el del Tribunal de Cuentas junto con los Presidentes del TSJ de las Comunidades Autónomas (CCAA) serían los arcontes que utilizaría el Partido Popular para intentar defenestrar al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, mediante la Operación Toga.

¿Está la Justicia fagocitada por el PP?

Según Santiago Vidal, exmagistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, "sólo un 10% de los jueces y fiscales somos progresistas" y en su día, el exsenador Ignacio Cosidó reenvió un whatsapp al Grupo Popular donde presumió de “controlar por detrás la Sala de lo Penal". 

Asimismo, seis de los ocho candidatos a presidir la Audiencia Nacional son antiguos cargos del PP, siendo el favorito Enrique López, consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien dimitió tras ser pillado en moto ebrio y sin casco, y que en su día declaró que "el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial". 

La Presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, a pesar de contar con el marchamo de "progresista", ha dado un sorprende giro derechista acusando a Sánchez de "atribuir sesgos políticos a los jueces". Asimismo, ha vetado a una vocal feminista para el Observatorio contra la Violencia Machista, con lo que se habría ya alineado con las tesis del lobby judicial tardofranquista.

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado la cúspide judicial (Audiencia Nacional, CGPJ, TS y Tribunal de Cuentas), y tendría como presidenta a María Isabel Perelló Doménech y a los jueces Juan Carlos Peinado, Manuel Marchena y Pablo Llarena como sus estrellas mediáticas.

La Sala Segunda del TS adquiere especial relevancia por ser la encargada de enjuiciar a diputados, senadores y ministros y altas instancias del Estado y antes de su cese como Presidente, Marchena se encargará de inadmitir la última querella contra el Emérito.

Dentro de la Operación Toga contra Pedro Sánchez, el juez Peinado habría admitido a trámite la denuncia de Manos Limpias contra la esposa de aquel, Begoña Gómez, por un presunto "tráfico de influencias", sin pruebas aportadas y basándose tan solo en recortes de noticias de las web digitales derechistas.

Por su parte, el magistrado de la Sala Penal del TS, Ángel Hurtado, famoso por ser el salvavidas de Rajoy, investiga ahora la publicación en varios medios de un correo electrónico que desmentía el bulo publicado por El Mundo, de que "la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador", dentro de la Operación "Salvar al soldado Amador".

Igualmente, el Poder Judicial investigará al juez Ruiz de Lara por llamar "psicópata” a Pedro Sánchez y a su esposa, así como al juez Eloy Velasco por menospreciar a la eurodiputada Irene Montero, paripé judicial para justificarse ante la opinión pública, pues tan solo el 1,8 % de los investigados por el CGPJ son condenados.

En el paroxismo del ataque frontal al Gobierno por los Arcontes del PP, no sería descartable que el TS admitiera a trámite la demanda del novio de Ayuso de rastrear a varios periodistas. De confirmarse dicho extremo, estaríamos ante una declaración de guerra del Supremo al Constitucional, pues la Constitución ampara el secreto profesional de los periodistas, existiendo abundante doctrina del TC en este sentido.

EN ESTA NOTA:

teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.