Tras la judicialización de la política por Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno (2011-2018), España ya no sería una democracia liberal con separación de poderes sino que habría sido sustituida por Gobierno de los Magistrados. Así, la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), el Presidente de la Sala Penal del TS y el Presidente de la Audiencia Nacional serían los arcontes del Partido Popular (PP).

Según el exmagistrado Santiago Vidal, «solo un 10 por ciento de los jueces y fiscales somos progresistas» y en su día, el ex senador Ignacio Cosidó reenvió un whatsapp al Grupo Popular donde presumió de «controlar por detrás la Sala de lo Penal».

Perelló, el mirlo blanco progresista

Tras cinco años de bloqueo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el PP pactaron la renovación del Poder Judicial, siendo elegida Isabel Perelló, miembro de Jueces por la Democracia, de perfil progresista.

Así, Perelló será la primera mujer que presida el CGPJ y el TS. El PSOE pensaba que con Perelló se conseguía la mayoría progresista en el CGPJ al contar ella con el voto de calidad, pero en realidad, la jueza era el topo infiltrado del PP para presidir el CGPJ, demostrado en el hecho de que las asociaciones judiciales conservadoras se mostraron encantadas con la nueva Presidenta.

La Presidenta del TS y del CGPJ, a pesar de contar con el marchamo de «progresista», ha dado un sorprendente giro derechista al vetar a una vocal feminista para el Observatorio contra la Violencia Machista. Asimismo, Perelló se ha posicionado con las tesis de los jueces conservadores al afirmar que «el actual sistema de oposiciones es democrático y no necesita mejoras».

Por otra parte, ha defendido a los jueces ante las críticas por parte de los poderes públicos. Así, afirmó que «no son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial y atribuirles intenciones ocultas está fuera de lugar».

Un juez deber juzgar con rectitud y sin favoritismos o prejuicios en relación con alguno de los justiciables. Sin embargo, un magistrado del TS, Ángel Hurtado, prohibió media docena de preguntas a las defensas, ha rechazado declaraciones de varios periodistas y se negó a clonar el teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez (jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid) porque «declara bajo juramento y no tengo por qué dudar de lo que diga», lo que sería motivo de recusación ante el CGPJ.

La Abogacía del Estado estaría ya preparando la recusación de dicho juez ante el CGPJ y dado el voto de calidad de su Presidenta, Perelló, es previsible que dicho recurso será inadmitido por el CGPJ al contar con su voto de calidad.

El siguiente paso será presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por «vulneración de derechos fundamentales», siendo previsible que el TC declare la nulidad de dicho proceso kafkiano, con lo que el TC sería el último Muro frente al lobby judicial tardofranquista.

EN ESTA NOTA:

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