Este proceso se lleva cabo contra la expresidenta de facto Jeanine Añez, quien se autoproclamó como tal en el 2019, tras un golpe de Estado al entonces mandatario Evo Morales.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto, en Bolivia, decidió reprogramar para el miércoles 4 de septiembre el juicio contra la expresidenta de facto y exsenadora Jeanine Áñez, y otras 17 exautoridades que habrían estado involucradas en la masacre de Senkata.

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“El juicio contra Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López y 15 personas más por el ‘caso Senkata’ se ha reprogramado para miércoles 4 de septiembre horas 09h30 (hora local)”, subrayó en X el ministro de Justicia, Iván Lima.

Por otro lado, el procurador General, César Siles, citado por medios locales, aseguró que “la Fiscalía y la Procuraduría ya (han) aportado las pruebas suficientes para lograr la máxima condena a 30 años de la señora Áñez y otros involucrados por la muerte de manifestantes”.

Siguiendo la línea del procurador, el ministro Lima agregó que harán “votos porque el proceso se instale y la justicia repare el daño causado a las víctimas y a sus familias”, recalcando que “el dolor y el sufrimiento de estas personas no puede quedar impune”.

Ya Áñez se encontraba detenida en una cárcel de mujeres de La Paz desde el pasado mes de marzo de 2021. Allí cumplía condena por 10 años por asumir de forma indebida la presidencia del país siendo como senadora de la oposición tras la renuncia de Morales.

Este proceso se lleva cabo en alusión a que luego de que la expresidenta de facto Jeanine Añez se autoproclamara mandataria en el año 2019, tras un golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales.

Ello desató una ola de violencia que generó una decena de muertos y varios heridos muchos de ellos por la represión policial.

Los militares actuaron bajo un decreto supremo que les libraba de responsabilidades penales por su proceder.  

Sobre este escenario un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) dictaminó que en ese contexto ocurrieron “violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura”.

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