La mandataria designada de Perú, Dina Boluarte, expresó la víspera que la marcha nacional contra la creciente violencia convocada para este viernes en Lima es un intento de desestabilización y dijo que es promovido por sectores políticos que buscan recuperar el poder perdido tras la destitución del expresidente Pedro Castillo», el cual fue encarcelado y alejado del cargo por un golpe de Estado parlamentario.

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Durante un acto en el Palacio de Gobierno, Boluarte calificó a los organizadores de la protesta como «fuerzas oscuras» y «caviares» -etiqueta para referirse a seguidores de la izquierda o a individuos parásitos-, acusándolos de utilizar la inseguridad como pretexto para atacar al Gobierno y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

«No hay que caer en el juego de las ‘fuerzas oscuras’, que quieren ver caer al Ministro del Interior, que está haciendo bien su trabajo, y al Gobierno», declaró la mandataria.

Boluarte dijo que, tras el golpe parlamentario contra Castillo, quien se halla encarcelado, esos sectores promovieron protestas violentas que incluyeron bloqueos de carreteras, incendios en aeropuertos y enfrentamientos que dejaron víctimas mortales», esto haciendo referencia a la movilización popular en contra del golpe de Estado que la puso en el poder y a decenas de civiles asesinados por los cuerpos armados.

Rechazó que la inseguridad sea utilizada como herramienta política para atacar a su administración. «Atrás quedaron las historias oscuras de presidentes, en este Gobierno no hay espacio para ellos», afirmó, calificando a las denuncias y quejas contra su Gobierno como «intentos de manipulación política».

Igualmente, acusó a los organizadores de la marcha de manipular a la ciudadanía y promover actos vandálicos bajo el pretexto de protestar contra la inseguridad. «Salir a marchar es correcto, pero no vayan a cometer actos vandálicos, que no es un derecho, sino un crimen», advirtió, amenazando a los marchantes.

Las declaraciones de Boluarte han sido condenadas por diversos sectores que consideran que su Gobierno ha recurrido a tácticas represivas y discursos polarizantes para silenciar las críticas.

Desde su llegada al poder, la Presidenta designada ha enfrentado protestas masivas que han denunciado no solo la inseguridad, sino también la falta de respuestas efectivas ante las demandas sociales. Las manifestaciones de 2022, que dejaron decenas de muertos, son un recordatorio de la incapacidad de su administración para gestionar el descontento ciudadano sin recurrir a la violencia estatal.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, con múltiples denuncias que incluyen allanamientos realizados por la Fiscalía en sus oficinas y domicilio.

Estas acciones han intensificado las críticas hacia su gestión, marcada por el aumento del sicariato, extorsión y criminalidad en el país. A pesar de ello, Boluarte ha defendido a Santiváñez, acusando a sus detractores de utilizar la inseguridad como un arma política.

Por su parte, el ministro, defendió su gestión ante el Congreso, denunciando lo que calificó como un «abuso arbitrario del sistema judicial» con fines políticos.

Santiváñez señaló que los recientes allanamientos en su domicilio y oficinas son parte de una estrategia para desacreditarlo en un momento en que su cartera ha logrado avances significativos contra el crimen organizado.

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