Con la aprobación del Tribunal Constitucional chileno de la reforma al sistema jubilatorio impulsada por el Ejecutivo es cuestión de días que entre en vigencia el nuevo sistema de pensiones. Qué cambia y qué se mantiene del viejo régimen previsional pinochetista.

A 43 años de la implementación de sistemas de pensiones basados en capitalización individual la reforma previsional ya es un hecho y su entrada en vigor es cuestión de tiempo y fue celebrada por el oficialismo como el principio del fin del sistema neoliberal que dejó a la mayoría de los jubilados chilenos cobran menos de un tercio de su último salario.

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Sin embargo, mientras el gobierno de Gabriel Boric celebra que se haga realidad una de sus principales promesas de campaña, voces críticas advierten que la reforma no aborda los problemas estructurales del sistema y podría dejar intactos los intereses de los actores más poderosos.

El dirigente del movimiento No+AFP, Luis Mesina, apuntó en una reciente entrevista que: «No podríamos llamar a este acuerdo una reforma porque en el fondo no reforma absolutamente nada. Muy por el contrario, consolida el modelo de capitalización individual de cuentas individuales que por 43 años se han mantenido en nuestro país.»

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El visto bueno a la reforma

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, informó este lunes que el Tribunal Constitucional aprobó la reforma de pensiones. Según expresó, el Ejecutivo espera su promulgación dentro de este mes: «Hemos sido informados que el TC ha dado el visto bueno al examen del control preventivo del proyecto de ley de reforma de pensiones. Ha dado el visto bueno a la constitucionalidad de las normas contenidas en el proyecto».

La reforma, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, busca aumentar las pensiones mediante la introducción de un pilar solidario financiado por aportes estatales y, por primera vez en 43 años, obliga a las empresas a contribuir al sistema de pensiones de sus trabajadores. Este último punto ha sido especialmente celebrado como un avance hacia un sistema más justo y equitativo.

Según datos oficiales, el sistema de pensiones chileno, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, ha dejado a la mayoría de los jubilados con pensiones que no superan el 30% de su último salario. Esto ha generado un malestar social creciente, evidenciado en las masivas protestas de 2019, donde la demanda por una reforma previsional fue una de las principales exigencias de la ciudadanía.

¿Un cambio real?

Si bien la reforma ha sido presentada como una solución a los problemas del sistema previsional, expertos y analistas advierten que sus implicancias podrían ser más limitadas de lo que se esperaba. De hecho, si bien se esperaba que sea el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), estás solo han sido limitadas y serán complementadas con Seguro Social que a su vez hará de regulador.

A su vez, el aporte patronal del 6% sobre el salario bruto de los trabajadores incorporado por la reforma será gestionado por las propias AFP, entidades privadas que han sido ampliamente criticadas por sus altas comisiones y bajos rendimientos.

Según un estudio de la Fundación Sol, un think tank chileno, incluso con este nuevo aporte, las pensiones promedio seguirán siendo inferiores al salario mínimo, lo que deja a muchos jubilados en una situación precaria.

Además, la reforma mantiene el modelo de capitalización individual, en el cual los trabajadores dependen exclusivamente de sus ahorros personales para financiar sus pensiones. Esta situación deja al margen factores como la informalidad laboral, que afecta a un tercio de la fuerza laboral en Chile.

Beneficios y perjuicios para la sociedad chilena

La reforma previsional tiene el potencial de mejorar las pensiones para algunos sectores de la población, especialmente para aquellos que han cotizado de manera constante y tienen salarios más altos. Sin embargo, para los trabajadores informales, las mujeres (quienes suelen tener carreras laborales interrumpidas) y los adultos mayores que ya están jubilados, los beneficios serán marginales.

Por otro lado, la reforma ha sido criticada por no abordar de manera integral el problema de las bajas pensiones. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile es uno de los países con la tasa de reemplazo más baja del mundo, es decir, la proporción del último salario que se recibe como pensión.

La reforma no parece resolver este problema de fondo, ya que no aumenta significativamente los montos de las pensiones ni garantiza un piso mínimo digno para todos los jubilados.

Los intereses detrás de la reforma

La reforma no aborda un tema sensible, como la nacionalización de los fondos de pensiones o la creación de un sistema público de reparto, lo cual amenazaría los intereses económicos de los grupos económicos detrás de las AFP en un país donde pese al aparente régimen privado de las jubilaciones, el Estado financia el 88,12% de las pensiones del país.

Según Mesina, el Gobierno dio el brazo a torcer con el fin de las AFP, una de sus banderas durante la campaña presidencial que llevó a Boric a la cabeza del Ejecutivo por influencia de poderes extranjeros. «Hay tres AFP cuyos propietarios son de capital estadounidense”, entre las que destacó  Principal (dueña de Cuprum) y Prudential (dueña de Hábitat).

La aprobación de la reforma previsional en Chile en tanto, es señalada como un paso en la dirección correcta, pero insuficiente por el dirigente de No+AFP, quien concluye que: «este sistema está concebido para un sistema que no es de pensiones. Vamos a seguir transfiriendo salario al mercado financiero.»

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