Durante la concentración, se denunciaron las persecuciones a las que son sometidos los activistas ambientales.

Varias comunidades del departamento de Cabañas, en El Salvador, se unieron a una caminata por la vida tras la derogación de la Ley General de Minería Metálica, que permite la exploración y explotación minera en el país.

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Los manifestantes se desplazaron hacia diferentes puntos del departamento, concentrándose especialmente en una mina que fue cerrada en el año 2017, coincidiendo con la prohibición de esta actividad en el país.

La elección de este lugar no fue casual; era fundamental recordar las razones que llevaron a la clausura de la mina, un hecho que formó parte de la lucha popular en años anteriores.

Miguel Ventura, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, declaró que «el espíritu que congrega a este pueblo esta mañana es el de aquellos que no están dispuestos a agachar la cabeza, un pueblo que ha comprendido, como dijo nuestro pastor y mártir, que debe ser el sujeto de su propio destino».

Durante la concentración, se denunciaron las persecuciones a las que son sometidos los activistas ambientales tras pronunciarse en contra de los proyectos mineros.

El año pasado, estos activistas fueron absueltos de cargos relacionados con un crimen de guerra, pero a pesar de ello, una cámara ha ordenado reabrir el juicio para silenciar a quienes se oponen a la minería y a todos aquellos que se suman a sus ideales.

Ventura afirmó que el pasado 18 de octubre, un juzgado en Sensuntepeque absolvió a los acusados debido a la falta de pruebas.

A este panorama se suma una campaña de recolección de firmas impulsada por la Iglesia Católica, que busca que el pueblo se pronuncie en contra de la ley de minería aprobada por la Cámara de Diputados a solicitud del presidente Nayib Bukele.

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