El proyecto minero Ariana representa un riesgo para la provisión de agua a los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

Ciudadanos residentes de Lima, Perú se pronunciaron este martes en contra de la continuación del proyecto minero Ariana, por representar un riesgo para la provisión de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

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La organización ambientalista Promotores de los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental en el Perú, (Cooperación) mediante un comunicado anunció su rechazo a “la continuación del proyecto minero Ariana, de la empresa Southern Peaks Mining, por representar un riesgo para la provisión de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao".

En ese sentido, manifestaron su preocupación por el voto separador del juez que verá el caso de la demanda de amparo contra este proyecto, en la última audiencia de la segunda instancia, que se realizará el miércoles 8 de enero, y donde se decidirá si prosigue o se suspende este proyecto minero.

El proyecto minero Ariana es una explotación minera subterránea de yacimientos de cobre y zinc, que se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, conformado por lagunas, bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas, que alimentan al túnel trasandino Cuevas-Milloc, a través del cual se transporta el agua a la cuenca del Rímac, representando el 62 por ciento del agua que abastece a Lima y Callao en época de estiaje.

La ex congresista por Lima, Marisa Glave, refirió que “en el juicio se ha declarado formalmente que la evaluación de la Autoridad Nacional del Agua no incluyó una valoración de la calidad y cantidad de agua para Lima ni del uso del sistema Marcapomacocha para el trasvase de agua a la ciudad de Lima”.

“Es decir que nadie, en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, ha hecho una evaluación seria sobre los posibles impactos de este proyecto minero para el abastecimiento de agua de Lima”, subrayó la ex congresista.

La abogada de CooperAcción, Ana Leyva, refirió “nos dirigimos al juez, pedimos que evalúe seriamente el caso, porque lo que está en riesgo es el derecho al agua para todos los limeños y limeñas, y también para los chalacos y chalacas”.

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