Más de 150 miembros de la Policía de Norte de Santander han sido enviados a la región para llevar a cabo «extracciones helicoportadas» de civiles en peligro.

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, Colombia, sigue siendo escenario de intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En respuesta a esta crisis humanitaria, el gobierno colombiano ha desplegado un contingente adicional para reforzar los operativos destinados a proteger a la población civil afectada.

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El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, explicó que estas operaciones se centran en rescatar a las personas más amenazadas, incluyendo firmantes de paz y defensores de derechos humanos. Estas personas están siendo acogidas en bases militares y estaciones de policía locales.

Cardozo también indicó que esta es solo la primera fase de las operaciones. En una segunda etapa, se están enviando tropas y unidades especiales con el objetivo de estabilizar el control territorial y proporcionar seguridad a los corregimientos afectados.

«Queremos dar tranquilidad a la población atemorizada y confinada que no se atreve a moverse«, afirmó.

A pesar del contexto violento, el general Cardozo minimizó la cantidad de enfrentamientos directos entre el ELN y las FARC, registrando entre cuatro y cinco confrontaciones recientes. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica para los habitantes del Catatumbo, quienes viven bajo constante amenaza.

En un esfuerzo por desarticular las estructuras armadas en la región, el presidente Gustavo Petro anunció que más de un centenar de miembros del Frente 33 se han desmovilizado recientemente. De estos, 20 eran menores de edad.

Petro destacó que estos jóvenes han comprendido que «la guerra no puede ser eterna» en Colombia y que es preferible luchar por la vida.

Además, las tropas de la Segunda División han llevado a cabo incautaciones significativas en la zona rural de Tibú. Se reportaron decomisos que incluyen 55 armas largas, dos ametralladoras, un fusil de francotirador, 25 pistolas, 80 granadas de mortero, una tonelada de explosivos y 300 minas antipersonales. Estas acciones buscan reducir las confrontaciones entre grupos armados ilegales que afectan indiscriminadamente a la población civil.

A medida que se desarrollan estas operaciones, queda claro que la situación sigue siendo compleja y requiere atención continua tanto desde el ámbito militar como desde iniciativas humanitarias para garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes afectados por el conflicto armado.

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