El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU pidió al Estado que adopte medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de los cuatro niños desaparecidos.

La exigencia se hizo efectiva mediante una resolución compartida por el Comité Permanente por la Defensa de DD. HH. de Guayaquil, y da un plazo de tiempo hasta el siete de enero para que el Gobierno responda por el caso de la desaparición de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años; y sus amigos, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, de Las Malvinas, sur de Guayaquil.

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Se trata de medidas cautelares que los órganos estatales competentes deberán cumplir en el plazo dado. Estas incluyen el establecimiento «de forma urgente de una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los menores de edad», así como para investigar las desapariciones de forma exhaustiva e imparcial.

Establece que dicha estrategia debe cumplir con «los requisitos de la debida diligencia en cada una de las etapas del proceso de búsqueda, incluyendo oficiosidad, inmediatez y exhaustividad de la investigación».

Además, indica que la misma debe explorar todas las hipótesis existentes en el caso, incluida la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada, debido al alegado involucramiento de agentes estatales.

En ese sentido, deben garantizarse acciones para buscar y localizar a los cuatro menores de edad e «identificar a los perpetradores en vista de todas las hipótesis existentes de manera integrada, eficiente y coordinada», reza el documento.

Se dispuso además la implementación de mecanismos oficiales para informar periódicamente a las familias de los adolescentes sobre los avances y resultados de las investigaciones y la búsqueda, y se ordenó garantizar que los familiares puedan tener participación en los procesos de búsqueda cuando lo deseen.

De igual forma, indican que los padres deben recibir protección por parte de agentes especializados.

Recientemente, el ministro de Defensa Giancarlo Loffredo confirmó que militares de la Base de Taura detuvieron a los menores el 8 de diciembre, pero los liberaron antes de entregarlos a la Policía Nacional, lo cual calificó como «procedimiento inaceptable». No obstante, no presentó pruebas de ello.

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