Cómo fue el plan golpista de Bolsonaro según al PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil lo acusa al expresidente Jair Bolsonaro de haber cometido delitos penados con hasta 40 años de cárcel. Foto: EFE
19 de febrero de 2025 Hora: 08:49
La denuncia introducida este martes incluye desde el plan para asesinar a Lula hasta la abolición del Estado de Derecho. Las claves de la denuncia introducida por la Fiscalía de Brasil sobre la conspiración que sacudió Brasil.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó una denuncia formal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el expresidente Jair Bolsonaro y un grupo de aliados, acusándolos de orquestar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
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La investigación, que consta de más de 200 páginas, señala a Bolsonaro como el líder de una organización criminal que buscaba anular los comicios y perpetuarse en el poder y las penas por los delitos que se le atribuyen podrían rozar los 40 años de cárcel.
Según la PGR, Bolsonaro encabezó una estructura criminal junto con su entonces candidato a vicepresidente, el general Walter Braga Netto. A través de sus discursos y acciones, fomentó un ambiente de deslegitimación del proceso electoral, promoviendo la idea de fraude y urdiendo estrategias para evitar la transición de mando.
La denuncia también menciona la participación de otros altos mandos militares y civiles, incluidos:
- Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin y diputado federal.
- Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina.
- Anderson Torres, exministro de Justicia.
- Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional.
- Paulo Sérgio Nogueira, excomandante del Ejército.
- Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro.
Los fiscales sostienen que la organización golpista se articuló a través de reuniones secretas, en las que se diseñaron diferentes escenarios para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde intentos de presionar a los altos mandos militares hasta la creación de decretos de emergencia para invalidar las elecciones, el plan habría estado en marcha desde meses antes del 8 de enero de 2023.
Además, se identificaron redes de comunicación encriptadas utilizadas para coordinar las acciones y evitar filtraciones.
Delitos imputados a Bolsonaro y sus aliados
La denuncia formalizada ante el STF imputa a Bolsonaro y su círculo cercano por los siguientes delitos:
- Intento de golpe de Estado.
- Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.
- Liderazgo de organización criminal armada.
- Daños calificados con violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión.
- Deterioro del patrimonio público.
Las pruebas incluyen documentos, registros digitales y testimonios de excolaboradores, entre ellos Mauro Cid, quien confirmó la existencia de un plan detallado para interrumpir la transición de gobierno mediante una insurrección armada.
Además, se ha revelado que Bolsonaro y su entorno habrían gestionado contactos con sectores ultraconservadores del Ejército, buscando apoyo para la declaración de un estado de excepción. Se hallaron mensajes de texto y grabaciones de reuniones en las que se discutían los posibles escenarios para justificar la intervención militar.
Estrategia golpista: presión a militares y espionaje
Uno de los puntos clave de la acusación es la existencia de un borrador de decreto golpista que Bolsonaro y su equipo habrían elaborado en diciembre de 2022. Dicho documento proponía:
- Declaración del Estado de Defensa para otorgar poderes extraordinarios a Bolsonaro.
- Creación de una «Comisión de Regularidad Electoral» para revisar los resultados electorales.
Según la PGR, Bolsonaro presionó a las Fuerzas Armadas para que se sumaran a la insurrección, promoviendo una narrativa de ilegitimidad del proceso electoral.
Además, se reveló que ordenó el seguimiento y espionaje del ministro del STF, Alexandre de Moraes, a través de la llamada «Operación Mundial 2022». Este programa habría utilizado tecnologías de vigilancia avanzadas para rastrear los movimientos del magistrado y sus comunicaciones. Entre las herramientas empleadas se encontrarían software de espionaje con capacidades de rastreo en tiempo real y acceso remoto a dispositivos electrónicos.
Campamentos golpistas y asalto a los Tres Poderes
La acusación también resalta que Bolsonaro y sus aliados promovieron los campamentos de protesta frente a los cuarteles militares, alimentando la expectativa de una intervención armada.
Durante semanas, miles de manifestantes se instalaron en estos espacios, convocados a través de redes sociales y con discursos incendiarios de los aliados del expresidente. En estos campamentos, se identificó la presencia de exmilitares, instructores en tácticas de guerrilla y personas armadas, lo que sugiere que no eran simples manifestaciones pacíficas.
Esta estrategia culminó en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores del exmandatario invadieron y vandalizaron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia. Las investigaciones indican que el ataque no fue espontáneo, sino coordinado a través de aplicaciones de mensajería y financiado por empresarios vinculados a la extrema derecha.
Se han identificado transacciones bancarias sospechosas y registros de llamadas previas al asalto que demostrarían la planificación meticulosa del golpe.
Plan para asesinar a Lula y Moraes
Uno de los aspectos más graves de la denuncia es la presunta existencia de un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al ministro Alexandre de Moraes. La conspiración, denominada «Puñal Verde y Amarillo», contemplaba la eliminación de estos líderes políticos como parte de la toma del poder.
Según la PGR, el plan incluía la contratación de mercenarios con entrenamiento militar y el uso de explosivos en eventos oficiales.
El informe de la PGR detalla que hubo contactos entre sectores radicalizados de las fuerzas de seguridad y grupos extremistas, quienes habrían recibido instrucciones sobre cómo ejecutar el plan. Se han identificado mensajes en los que se discute la posibilidad de un atentado durante un acto público de Lula, así como la vigilancia extrema sobre los movimientos de Moraes.
Algunas comunicaciones también evidencian la adquisición de armamento ilegal y la planificación de rutas de escape para los ejecutores del atentado.
Qué sigue en el proceso
El STF debe ahora evaluar la denuncia y decidir si la acepta, lo que implicaría la imputación formal de Bolsonaro y sus aliados. Si es aprobada por los magistrados, se iniciará un proceso penal que podría llevar al exmandatario a enfrentar penas de prisión de hasta 40 años.
En caso contrario, la investigación será archivada. El caso ha generado gran expectativa en la comunidad jurídica y en la sociedad brasileña, dado que representa una prueba de fuego para la solidez del sistema democrático del país.
Según fuentes judiciales, el proceso podría extenderse varios meses debido a la cantidad de pruebas reunidas. Mientras tanto, Bolsonaro y sus aliados han negado las acusaciones y han denunciado una persecución política en su contra.
Sin embargo, los fiscales aseguran que las evidencias son sólidas y que el intento de golpe de Estado fue un hecho planificado y ejecutado con la intención de socavar la democracia brasileña. La expectativa ahora está puesta en la respuesta del STF y en el posible desenlace judicial para el expresidente y sus colaboradores más cercanos.
Autor: Nicolás Hernández - teleSUR
Fuente: PGR - Brasil de Fato - G1
