La migración de venezolanos atribuida por el gobierno de Nicolás Maduro a las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas por Estados Unidos es un fenómeno no solo refleja la crisis humanitaria causada por las políticas de Washington, sino los efectos colaterales de las sanciones económicas como herramienta geopolítica. 

Desde 2017, Estados Unidos intensificó su política de sanciones contra Venezuela bajo la primera administración Trump, con el objetivo declarado de forzar un cambio de gobierno.

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No obstante, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS) publicado en enero de 2025, esta estrategia «resultó insuficiente para lograr sus objetivos políticos» y, en cambio, «pudo haber exacerbado la crisis económica, contribuyendo a la emigración masiva hacia EE.UU.».  

El economista Francisco Rodríguez, autor de un artículo en The Hill, sostiene que ante los recientes llamados de figuras como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y sectores políticos estadounidenses para reinstaurar la estrategia de «máxima presión» contra Venezuela —incluso sugiriendo una intervención militar—, alerta sobre los riesgos de repetir errores del pasado.

En su próximo libro Rodríguez dice demostrar que las sanciones económicas de EE.UU. representaron más del 52% del colapso del PIB entre 2013 y 2023, un desplome equivalente a «tres Grandes Depresiones consecutivas».

El investigador enfatiza que endurecer las medidas coercitivas agravaría la crisis migratoria: «Si EE.UU. busca reducir el éxodo, debe relajar las sanciones, no intensificarlas». Según sus cálculos, 4 millones de venezolanos habrían permanecido en el país sin el impacto de las sanciones, que aceleraron la implosión económica y el desplazamiento forzado.

El analista critica la nostalgia por la era Trump como «repetir uno de sus fracasos políticos más graves», recordando que la estrategia no solo no derrocó al presidente Nicolás Maduro, sino que profundizó el colapso socioeconómico. Su análisis refuerza la paradoja central: las sanciones, diseñadas para presionar al gobierno venezolano, terminan expulsando a la población que supuestamente se intenta «proteger».

Un negocio encubierto

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, va más allá al afirmar que las sanciones encubren intereses económicos. En declaraciones publicadas por el Observatorio Venezolano contra el Bloqueo, Castillo señaló: «Detrás de la política sancionatoria hay estructuras criminales y económicas. Venezuela tiene más de mil millones de dólares bloqueados, y ciertos grupos se benefician de este dinero robado».  

Estas acusaciones coinciden con análisis de organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que en 2023 publicó un informe del economista opositor Luis Oliveros reconociendo el impacto migratorio de las sanciones.  

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó en su programa radial a líderes de la ultraderecha venezolana —entre ellos Carlos Vecchio, Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó— de operar una red de coyotes que facilita la migración irregular desde Estados Unidos. «No es que uno viaje al Darién sin contacto: los coyotes son Vecchio, Smolansky, Borges… una estructura criminal que funciona desde EE.UU.», declaró Cabello, afirmando que estos grupos usan ONG como fachada.

Cabello vinculó incluso al llamado Tren de Aragua —una organización criminal asociada a secuestros y extorsiones— con operativos gestionados desde territorio estadounidense: «Si Trump quiere culpar a alguien, que busque a los responsables allá. El FBI lo sabe».

Recuperación económica y el retorno migratorio  

En su Mensaje Anual a la Nación de 2022, el presidente Nicolás Maduro anunció la reactivación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, liderada ahora por la Vicepresidencia Ejecutiva. Maduro aseguró que, «las sanciones fueron las culpables del éxodo», pero destacó que «casi 1,2 millones de venezolanos han regresado gracias a la recuperación económica».  

El mandatario atribuyó esta mejora a la resiliencia nacional: «Derrotamos los planes de caos y consolidamos la paz. Hoy, Venezuela está preparada para recibir a sus migrantes». Sin embargo, aunque es innegable el crecimiento sostenido de la economía nacional, la relación entre sanciones y migración es respaldada por instituciones de diversa índole ideológica. 

Un reciente artículo de Misión Verdad, señala que The Washington Post reveló en 2023 que legisladores demócratas de estados fronterizos presionaban a Biden para levantar las sanciones a Venezuela y Cuba, argumentando que estas «contribuyeron al aumento de migrantes en la frontera sur».  

Además, apuntan que la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, y estudios de la Universidad de Albany y la Universidad de Denver —este último dirigido por el propio Rodríguez— coinciden en que el bloqueo financiero limitó el acceso a medicinas, alimentos y combustible, acelerando la diáspora.  

¿Hacia un cambio de política?  

Mientras el gobierno estadounidense mantiene su postura de condicionalidad para aliviar sanciones —vinculadas a elecciones libres y diálogo político—, expertos como el analista Rodríguez advierten que la rigidez solo perpetúa la crisis: «Mantener las sanciones socava los objetivos migratorios de EE.UU.».  

Con más de 1.000 millones de dólares venezolanos aún congelados en el exterior y una economía que creció desde el 2023, el debate sobre el costo humano de las sanciones sigue abierto.

Como resume el informe del CRS: «Las medidas punitivas no derrocaron a Nicolás Maduro, pero sí generaron un éxodo que ahora desafía a la propia frontera de EE.UU.».  

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