Con la consigna “Migrar no es un delito”, miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) en El Salvador realizaron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia este viernes, con el objetivo de presentar una demanda de inconstitucionalidad por la retención de migrantes venezolanos en este país.

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“Estas acciones representan una inobservancia respecto a las acciones establecidas en la Convención Americana para los Derechos Humanos, específicamente en lo que concierne a que ningún caso en el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea a o no de origen, de su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de la raza, de la nacionalidad, la religión, la condición social o de sus opiniones políticas”, expresó la dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Marisela Ramírez.

De acuerdo al periodista Roberto Hugo Preza, la organización exige a los magistrados resolver conforme al derecho apegado a la Constitución y a los tratados internacionales, y ordenaron la liberación de los migrantes venezolanos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cuyos derechos han sido violentados desde un traslado ilegal hasta el encarcelamiento en un país donde no han cometido un delito.

“Deben de ser devueltos a su país de origen, respetando de manera totalitaria su derecho a la repatriación, establecida en los diferentes convenios internacionales, que son ratificados en el Estado salvadoreño”, afirmó Ramírez.

Los miembros del Bloque condenaron la persecución y criminalización de que son víctimas los migrantes en Estados Unidos por la política discriminatoria del presidente estadounidense Donald Trump.

“Hay que advertir a nivel internacional que la segunda llegada del presidente Trump al Gobierno de los Estados Unidos significa la apertura de lo que calificaríamos como limpieza étnica”, aseguró el catedrático universitario, Rafael Paz Narváez.

Por su parte, el abogado Alejandro Díaz dijo que “los mismos salvadoreños en el exterior están siendo afectados con estas decisiones también y el Estado no ha hecho nada al respecto, lo que evidencia que la captura de extranjeros al país no tiene otro beneficio que no sea el económico”.

Mientras tanto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos los recursos sobre el caso de los migrantes venezolanos, aunque, hasta ahora, no ha emitido una respuesta sobre el asunto.  

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