Corrupción en Guyana: ExxonMobil, Irfan Alí y la disputa del Esequibo
El Gobierno venezolano rechazó categóricamente las acciones y las declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificándolas como una violación de las leyes marítimas internacionales y una clara provocación que pone en riesgo la paz en la región. Foto: EFE
11 de marzo de 2025 Hora: 10:19
La República Cooperativa de Guyana atraviesa una crisis institucional marcada por un entramado de corrupción que ha sido documentado por diversas fuentes, incluyendo informes oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Con insumos aportados por el periodista e historiador venezolano Aldemaro Barrios, se revela vínculos que involucran al círculo cercano del presidente guyanés Irfan Alí y al vicepresidente Barrat Jagdeo. La documentación compilada expone un complejo sistema de obtención de fondos mediante negociaciones irregulares con intermediarios, utilizando como vehículo principal a la compañía Mohamed Enterprise, una entidad autorizada para la exportación de metales preciosos hacia mercados norteamericanos. Sin embargo, las ramificaciones de esta red de influencia trascienden el ámbito minero.
Los hallazgos de la investigación establecen vínculos directos entre Mohamed Enterprise y los acuerdos con la corporación energética transnacional ExxonMobil, que estableció operaciones de explotación petrolera en plataformas situadas en aguas no delimitadas y territorios en reclamación. Según la documentación anexa, ExxonMobil no solo participa sino que constituye un actor principal en las transacciones irregulares con la administración actual guyanesa.
Esta situación fue denunciada públicamente por la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, quien referenció el libro «Del destino a la prosperidad», escrito por el exministro de Recursos Naturales guyanés, Rafel Trotman. Esta publicación expone evidencias concretas de violaciones al Derecho Internacional Público y al Acuerdo de Ginebra por parte del gobierno de Guyana en colaboración con ExxonMobil.
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En declaraciones textuales, la alta funcionaria venezolana señaló: «Este libro lo publica el exministro, porque fue acusado. Él fue quien llevó adelante toda la negociación con la ExxonMobil, una terrible negociación. La ExxonMobil dijo ‘no le voy a pagar a Venezuela y me retiro de Venezuela. Y no solamente no le voy a pagar, me voy a robar el petróleo que está en el Esequibo que es de Venezuela'».
Rodríguez agregó: «El libro contempla la evidencia del delito, que Venezuela ha venido denunciando incesantemente. Además de ratificar la posición histórica de nosotros de no someter los asuntos vitales de nuestra República a terceros, en este caso a la CIJ. No la reconocemos, nada que emane de allí, Venezuela la reconoce, ni la va a reconocer».
Un aspecto particularmente relevante señalado por Rodríguez es que ExxonMobil habría aportado 18 millones de dólares a la administración de Georgetown, específicamente destinados al pago de los juristas que representaron a Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Estos recursos habrían sido entregados antes de que el gobierno de Irfan Alí presentara formalmente la controversia ante dicha instancia internacional.
El informe del Departamento de Estado de EE.UU.
El informe especial sobre corrupción en Guyana compilado por el investigador Aldemaro Barrios presenta varios documentos clave que sustentan estas acusaciones. El primero de ellos es una declaración oficial del Departamento de Estado de EE.UU., emitida el 11 de junio de 2024 por el portavoz Matthew Miller, que detalla sanciones impuestas a Nazar Mohamed, su hijo Azruddin Mohamed, la empresa Mohamed’s Enterprise, y Mae Thomas, ex secretaria permanente del ministro del Interior de Guyana y posteriormente secretaria permanente del Ministerio de Trabajo.
Según este documento oficial, entre 2019 y 2023, Mohamed’s Enterprise omitió incluir más de diez mil kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, eludiendo el pago de más de 50 millones de dólares en aranceles aduaneros al Gobierno de Guyana. Para facilitar y encubrir estas operaciones, la empresa participó en sobornos sistemáticos a funcionarios públicos, contribuyendo al enriquecimiento de actores corruptos, socavando instituciones guyanesas y privando al país de ingresos significativos.
El documento señala específicamente que Mae Thomas «ejerció indebidamente su cargo como secretaria permanente del ministro del Interior de Guyana entre octubre de 2020 y agosto de 2023 para ofrecer beneficios a Mohamed’s Enterprise y Azruddin a cambio de pagos en efectivo y obsequios de alto valor».
La investigación de seguridad nacional estadounidense
Un segundo documento proveniente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, fechado el 12 de junio de 2024, refuerza estas acusaciones. El comunicado detalla la colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para implementar sanciones contra «miembros de una de las familias más ricas de Guyana», en referencia a los Mohamed.
Este informe enfatiza las operaciones de Mohamed’s Enterprise en el sector aurífero de Guyana. La empresa, fundada por Nazar Mohamed como casa de cambio antes de expandirse al comercio de oro, se convirtió en uno de los mayores exportadores de oro del país bajo la dirección de Azruddin Mohamed, operando también bajo el nombre «Confidential Cambio».
La investigación estadounidense determinó que entre 2019 y 2023, Mohamed’s Enterprise omitió más de 10.000 kilogramos de oro de las declaraciones oficiales, evadiendo pagos superiores a 50 millones de dólares en impuestos. Para facilitar estas operaciones, la empresa habría sobornado a funcionarios de aduanas para falsificar documentación y garantizar el flujo ininterrumpido de personal y mercancías.
El documento detalla además que Azruddin Mohamed utilizó esquemas extensos de soborno dirigidos a funcionarios gubernamentales guyaneses para asegurar tratos favorables en asuntos legales y la adjudicación de contratos gubernamentales. Entre los funcionarios implicados figura Mae Thomas, quien habría utilizado su posición oficial para ofrecer beneficios a Mohamed’s Enterprise a cambio de pagos y obsequios, incluyendo la manipulación de procesos de licitación y la facilitación de permisos de armas y pasaportes.
Un tercer documento revela que Mae Thomas renunció como miembro del Comité Central del Partido Progresista del Pueblo tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, según indica un cuarto documento, a pesar de su renuncia formal, Thomas continuaría colaborando con el gobierno de Irfan Alí desde un perfil bajo y manteniendo una licencia remunerada sin procedimiento administrativo público.
Paralelamente, se documenta una crítica a la incongruencia en la aplicación de sanciones, formulada por Glenn Lall en marzo de 2025: «Mientras que los gobiernos de Guyana y los Estados Unidos de América han guardado silencio sobre los enormes impuestos que no paga aquí el gigante petrolero estadounidense, ExxonMobil, los respectivos gobiernos han impuesto sanciones a una familia local (Mohamed Enterprise) por supuestamente evadir el pago de alrededor de US$50 millones en impuestos al tesoro local».
Continuidad histórica del intervencionismo petrolero en Venezuela
El presidente Nicolás Maduro denunció que la corporación energética habría estado implicada en actos de desestabilización durante las elecciones presidenciales venezolanas. «La ExxonMobil movió mucho dinero para tratar de desestabilizar a Venezuela los días 28, 29 y 30 de julio«, afirmó el mandatario, quien calificó a la empresa como «enemiga del pueblo de Venezuela y su derecho a la felicidad». Según estas declaraciones, la transnacional financió actividades en respaldo al representante de la oposición extremista, Edmundo González.
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El experto venezolano David Paravisini destaca la continuidad histórica de las intervenciones corporativas en la política venezolana. Para Paravicini lo ocurrido recientemente no son episodios aislados, se trata de un continuum histórico donde las empresas petroleras han ejercido una influencia determinante en la trayectoria política del país.
Esta narrativa se remonta a periodos anteriores al Pacto de Punto Fijo, identificando a estas corporaciones como agentes activos en desestabilizaciones políticas, incluido el primer magnicidio en América Latina contra Carlos Delgado Chalbaud, orquestado por el presidente de Shell Venezuela, Aranguren, como respuesta a la resistencia gubernamental frente a nuevas concesiones petroleras.
El experto petrolero señala que esta intervención corporativa se intensificó durante la crisis energética global, cuando las asociaciones estratégicas establecidas durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera facilitaron condiciones de explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco con términos económicamente desventajosos para Venezuela: regalías del 1% e impuestos sobre la renta del 34%, condiciones incluso más desfavorables que las negociadas durante el régimen de Juan Vicente Gómez.
El análisis identifica a corporaciones como ExxonMobil, Chevron y British Petroleum como actores fundamentales en este proceso, cuya hegemonía fue interrumpida con la llegada al poder de Hugo Chávez y la subsecuente reestructuración de las políticas petroleras nacionales. Esta transición generó resistencias significativas, particularmente de empresas como ExxonMobil y Phillips, que rechazaron adaptarse a los nuevos términos de asociación establecidos por el gobierno venezolano.
La animosidad resultante, según Paravisini, tiene raíces tanto en la arrogancia imperial como en consideraciones económicas prácticas: la diferencia entre extraer petróleo a 800 metros de profundidad en Venezuela versus a 3 kilómetros en aguas costa afuera de Guyana representa un factor económico determinante que subyace a los conflictos geopolíticos contemporáneos.
Autor: Ricardo Romero - Daniel Ruiz Bracamonte
Fuente: Aldemaro Barrios - OFAC - Agencias
