Corte chilena ordena desalojo de megatoma en San Antonio, Valparaíso
La megatoma de San Antonio se extiende sobre un terreno de 260 hectáreas. Foto: Cooperativa.
18 de febrero de 2025 Hora: 12:24
El caso ha sido denunciado por dirigentes y pobladores desde el año 2023, pues no están de acuerdo con la medida. El desalojo del Cerro Centinela pone en evidencia la necesidad de abordar soluciones integrales para las miles de familias que viven en condiciones de vulnerabilidad en Chile.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el próximo 27 de febrero, a las 10H00 horas, el desalojo de la llamada megatoma de San Antonio, en el Cerro Centinela de la misma comuna. Mientras, los dirigentes de la toma buscan la compra de los terrenos a la inmobiliaria que posee la propiedad sobre estos.
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Este asentamiento irregular, que alberga a alrededor de 4.000 familias (aproximadamente 10.000 personas), impidió la construcción del acceso norte al Puerto de San Antonio, proyecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, pues la población se movilizó y se negó a desalojar en los sucesivos intentos que los dueños del territorio han efectuado.
El fallo, firmado por los ministros Jaime Arancibia y Claudia Parra, junto al abogado integrante Eduardo Morales, establece que el desalojo deberá realizarse de manera «razonable y paulatina». Para ello, se requiere la coordinación entre la recurrente, la Ilustre Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros de Chile, quienes “deberán implementar una división cuadricular” para ejecutar la medida.
Esta decisión judicial da cumplimiento a un fallo previo de la Corte Suprema de marzo de 2024, que a su vez confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de junio de 2023, que favorecía a la inmobiliaria dueña de las tierras.
Según un censo realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 33 por ciento de los habitantes de este campamento son niños y adolescentes, el 70 por ciento de la población es altamente vulnerable. Además, el 13 por ciento corresponde a extranjeros y más del 90 por ciento no cuenta con una segunda vivienda ni subsidios habitacionales previos.
El desalojo se anticipa como una operación compleja, no solo por ser una de las tomas más grandes del país, sino también por la presencia de un significativo número de adultos mayores y familias en condiciones precarias. El Gobierno ha llamado a la calma y enfatizó que el proceso se llevará a cabo «por etapas», pero dirigentes han alertado que puede generarse una grave situación humanitaria como resultado del desalojo.
Cabe destacar que el caso refleja un problema nacional, “considerando que tenemos 1.432 campamentos distribuidos a lo largo del país”, ha dicho el Gobierno.
Antes de la orden de desalojo, los pobladores ingresaron una petición para obtener más tiempo y organizarse por cooperativas y comprar el terreno, y denunciaron que hubo una precaria gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Tiempo atrás, desde dicho ministerio indicaron que esa es una de las propuestas de soluciones que ha existido en las mesas de trabajo para que los pobladores puedan adquirir los terrenos y posteriormente se resuelva la propiedad, y que el Estado pueda entrar con sus programas de urbanización.
Los dirigentes continúan reuniéndose con las autoridades locales para evitar la expulsión de las miles de familias de esas tierras. Una de ellas, Verónica Morales, dirigenta del campamento, declaró que están buscando una salida legal y criticó la falta de alternativas habitacionales que han dado las autoridades.
Morales afirmó que han contactado con los dueños para organizar la compra del territorio: «Una vez que el Estado llegue a un acuerdo con el propietario, se eliminarán todas las querellas y denuncias«.
Autor: TeleSUR: idg - MMM
Fuente: Radio Agricultura - Cooperativa - La Tercera - Bio Bio Chile