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La Justicia guatemalteca indicó que la excandidata Sandra Torres consintió por lo menos siete aportes de dinero que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral.

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Defensores de Derechos Humanos y de Madre Tierra en zonas afectadas, denuncian que la decisión intenta criminalizar a quienes luchan contra empresas agrícolas y mineras presentes en esos seis departamentos.

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Con 25 años de edad al momento de su muerte, el líder insurgente no pudo ver su obra concluida, pero dejó un legado de honor, sacrificio y esperanza para las generaciones futuras. 

Organismos sociales y comunitarios alertaron del creciente riesgo que experimentan los activistas y defensores de derechos humanos en todo el territorio guatemalteco.

La medida tomada por el mandatario del país, Jimmy Morales, fue corroborada por el Congreso pese a las protestas de numerosos activistas, que verán coartadas sus libertades.

Son indudables los aportes que las mujeres indígenas han hecho a la historia de América Latina, sin embargo han sido invisibilizados en una historia escrita por hombres blancos o mestizos.

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El Comisionado Iván Velásquez mencionó dos elementos clave para el futuro de Guatemala que fueron “el sustento” de la CICIG durante los últimos años: la participación ciudadana y los medios de comunicación independientes.

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La misión de la ONU en Guatemala llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces y civiles acusados de corrupción.

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La excandidata presidencial fue detenida luego de un allanamiento en su vivienda. Sandra Torres es acusada de recibir financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita. 

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El mandatario insistió en que las labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad representaron una injerencia en los asuntos internos de Guatemala.

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La CICIG presentó el pasado 21 de agosto un informe final de sus actividades, en el cual destacó que en el país centroamericano se desarticularon 60 estructuras criminales, y se logró la condena de 380 personas.

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