Intensos torrenciales que han azotado Ecuador en las últimas semanas, dejaron serias consecuencias económicas y humanas, principalmente en la costa, donde los cultivos fueron los más afectados.

El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, confirmó que más de 5.400 hectáreas de siembras sufrieron daños, con 2.700 registrando pérdidas totales. Este desastre pone en evidencia la vulnerabilidad del sector agrícola ecuatoriano frente a fenómenos climáticos extremos, que, lejos de ser eventos aislados, reflejan una crisis estructural en la política agraria del país.

El impacto no se limita a la agricultura, sino que también afecta a la producción avícola, con la muerte de 49.000 aves en Chinchipe, una muestra clara de cómo la falta de preparación ante estas emergencias profundiza la inseguridad alimentaria.

En medio de este panorama, el Gobierno ha reaccionado con medidas preventivas como la recomendación de sembrar en zonas más altas, pero estas son alternativas mínimas ante una crisis que afecta a miles de personas y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

A pesar de la gravedad de los daños, las autoridades se mantienen alertas contra las secuelas de un cambio climático que se ve exacerbado por décadas de políticas públicas insostenibles y desatendidas. La promesa de recursos adicionales y líneas de crédito contingentes es una respuesta que llega tarde para quienes ya enfrentan la devastación.

Con 66.000 personas afectadas por las constantes lluvias que azotan el país, según la última actualización de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ecuador se encuentra en un momento de dificultades climáticas ante la falta de políticas ambientales efectivas.

A pesar de la alerta roja en ocho provincias y el crecimiento de 19 ríos, el Gobierno ha demostrado una alarmante falta de respuesta. Mientras las inundaciones destruyen infraestructuras y desplazan a miles, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) denuncia la negligencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que no ha atendido las demandas de los gobiernos locales sobre los pagos pendientes para enfrentar la emergencia. Asimismo, la escasa acción de parte de las autoridades nacionales revela una insostenible desconexión entre el poder central y las realidades urgentes de las provincias afectadas.

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Mientras tanto, la reciente declaración de emergencia en ocho provincias, incluida la costa, refleja una respuesta improvisada ante una catástrofe que podría haberse evitado con una planificación más adecuada. En pleno contexto electoral, la gestión del presidente Daniel Noboa parece más enfocada en asegurar su campaña que en abordar de manera efectiva las crisis que enfrenta esta nación.

Las medidas paliativas del gobierno son una cortina de humo ante la falta de políticas estructurales que puedan garantizar la protección de las comunidades más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

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