La región colombiana del Catatumbo acumula dos meses de una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes, marcada por los enfrentamientos entre el la guerrilla del ELN y el Frente 33 denominadas disidencias de las FARC, que junto con el avance de grupos paramilitares, aprovechan el vacío estatal. Con más de 50.000 desplazados, 19.000 personas con movilidad restringida y 8.668 confinados, según Acnur, las comunidades campesinas e indígenas exigen acciones urgentes ante décadas de abandono estructural.

El pasado 12 de diciembre de 2024, diversas organizaciones sociales y la diócesis de Ocaña denunciaron que la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 viene incentivando la conflictividad territorial. En un pronunciamiento titulado «La paz con justicia social, una causa común del Catatumbo», señalaron que la confrontación armada facilita el avance de grupos paramilitares, que buscan consolidar intereses económicos y políticos en esta zona geoestratégica.

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En este sentido, el profesor colombiano Alfonso Insuasty, integrante del grupo de investigación Kavilando, señaló su preocupación sobre el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro al vincular el narcotráfico en la región exclusivamente al ELN, ignorando el abandono estructural. «Es preocupante que se minimice la problemática histórica de desatención social», afirmó.

Insuasty recordó que, desde 2021, el ELN solicitó sin éxito una comisión internacional para investigar el narcotráfico en sus áreas de influencia, enviando cartas a la Comisión Global de Política de Drogas, al Departamento de Estado, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos y al gobierno colombiano: «Esto limitó las negociaciones y obstruyó diálogos clave para resolver el conflicto… habría que profundizar, con mayor claridad, qué es lo que está ocurriendo».

Extractivismo, paramilitarismo y despojo: La raíz de la crisis

El Catatumbo, rico en petróleo, carbón, uranio y coltán, ha sido escenario de un modelo extractivo impulsado por el paramilitarismo y el Plan Colombia. Según Insuasty, el monocultivo de palma aceitera se expandió sobre tierras despojadas a comunidades, profundizando la pobreza. «El Dane confirma índices alarmantes de marginalidad: las comunidades fueron aisladas mientras se priorizó la infraestructura para extraer y exportar recursos», explicó.

Dentro del análisis geopolítico, Insuasty profundizó en el rol histórico de instituciones colombianas en la tensión bilateral: «El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que ya no existe pero dio paso al Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), ejecutó planes para desestabilizar al gobierno venezolano, incluso con intentos de atentar contra el entonces presidente Hugo Chávez. Hoy, con el cierre de la USAID, se han revelado los abusos cometidos desde Colombia hacia Venezuela, parte de una estrategia de desestabilización promovida por élites y sectores internacionales».

Además, la región tiene un componente geopolítico clave. Insuasty vinculó la actual violencia y el narcotráfico con intentos de desestabilizar a Venezuela: «Gobiernos colombianos anteriores, con apoyo de EE.UU., promovieron acciones contra el gobierno bolivariano. Hoy, las guerras híbridas en zonas estratégicas afectan principalmente a la población».

Pese a la adversidad, las comunidades del Catatumbo presentaron propuestas desde 1987 para transformar su territorio. En 2022, lograron un pacto social con el gobierno actual, pero las mesas de trabajo siguen sin materializarse. «Los procesos de restitución de tierras son mínimos tras el despojo paramilitar», subrayó Insuasty, quien también alertó sobre el incremento ya que «la Defensoría del Pueblo reporta riesgos en el 70% de los municipios colombianos, incluidos Putumayo y Chocó, donde el conflicto por recursos se intensifica».

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El académico insistió en que la solución requiere implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016, sustituir cultivos de coca y escuchar a las comunidades: «Hay propuestas concretas, como la zona industrial fronteriza anunciada por Venezuela, pero se necesita voluntad política».

Como advirtió Insuasty, la crisis del Catatumbo refleja un entramado de intereses económicos, negligencia estatal y violencia estructural. Mientras el Estado insista en reducir el conflicto al narcotráfico y no aborde el extractivismo, el paramilitarismo y la deuda histórica con sus comunidades, la paz seguirá siendo una promesa incumplida.

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