A través de un comunicado difundido por sus voceros, Fernández denunció que el Tribunal de Casación, el cual calificó de «macrista»: “no respondió ni trató las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas” en su defensa. Además, calificó la sentencia de “arbitrariedad manifiesta”, argumentando que se ignoraron pruebas y fundamentos jurídicos presentados por su equipo legal.

En paralelo, la exmandataria recusó al juez de la Corte Suprema designado en comisión, Manuel José García-Mansilla, cuestionando su nombramiento por decreto. Según Fernández, esta designación “viola la Constitución Nacional”, ya que el Poder Ejecutivo omitió el procedimiento de selección por acuerdo del Senado.

La dirigente recordó que el propio García-Mansilla había declarado en una audiencia ante el Senado que no aceptaría un cargo bajo estas condiciones, lo que, según ella, expone una contradicción en su aceptación actual.

La medida de recusación se vinculó directamente con declaraciones recientes del presidente Javier Milei, quien en una entrevista, afirmó que Fernández de Kirchner “va a ir presa”, frase que la exvicepresidenta interpretó como una “indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”. “Estas palabras confirman un clima de persecución política”, sostuvo en el escrito presentado ante la Corte.

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En el ámbito legislativo, el Partido Justicialista solicitó una sesión especial en el Senado para el próximo jueves 3 de abril, con el objetivo de rechazar el pliego de García-Mansilla. Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles a las 11:00 de la mañana, hora local, en la sede del Partido Juticialista para detallar las acciones legales y políticas emprendidas.

Según fuentes cercanas a la defensa, se espera que enfatice la “inconstitucionalidad” de los decretos de Milei y la “falta de imparcialidad” en los tribunales que intervienen en las causas contra Kirchner.

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El caso reactiva tensiones entre el oficialismo y el kirchnerismo, en un escenario donde la polarización judicial y política sigue dominando la agenda pública. Mientras el Gobierno insiste en su discurso de “combate a la corrupción”, la oposición advierte sobre un uso faccioso del sistema judicial. La Corte Suprema, ahora, tendrá la última palabra.

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