Los abogados por los derechos de los inmigrantes y los derechos civiles han reafirmado sus inquietudes acerca de que los inmigrantes arrestados en la Base Naval de EE.UU., en la Bahía de Guantánamo se encuentran en un aislamiento severo, sin acceso a ayuda legal o comunicación franca con sus parientes, de acuerdo con una nueva solicitud jurídica presentada el sábado.

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En la demanda, interpuesta en representación de dos inmigrantes de Nicaragua detenidos en la base naval de Estados Unidos en Cuba, los letrados sostienen que hay un ambiente de «miedo e intimidación extremos» que obstaculiza los derechos constitucionales al debido proceso y a la asesoría jurídica.

La reciente demanda pide a un juez federal en Washington que actúe en representación de todos los inmigrantes enviados a Guantánamo, lugar que las autoridades han empleado como punto de destino para aquellos a quienes el presidente Donald Trump denomina «los peores», con órdenes definitivas de deportación, mientras su gobierno persigue intensificar las deportaciones en masa.

«Los oficiales en Guantánamo han creado un clima de miedo e intimidación extremos donde los detenidos inmigrantes tienen miedo de comunicarse libremente con sus abogados«, se indica en la demanda, agregando que las condiciones son más limitantes que en los centros de detención en el continente, cárceles y, en ciertas situaciones, custodia militar durante la guerra en la Bahía de Guantánamo.

Por otra parte, el Comando Sur de Estados Unidos, encargado de la base, declinó hacer comentarios acerca de la petición y envió las peticiones al Departamento de Seguridad Nacional, que hasta ahora no ha respondido a un correo electrónico el sábado.

Un magistrado federal condenó en marzo los esfuerzos de los defensores para asistir a los migrantes en Guantánamo y evitar más desplazamientos ahí, días después de que el gobierno de Estados Unidos expulsara a todos los inmigrantes del centro.

Dos ciudadanos de Nicaragua que arribaron desde aquel momento han rendido declaraciones judiciales que relatan su viaje desde Luisiana hasta Cuba, expresando sus inquietudes acerca de que las conversaciones telefónicas están siendo monitoreadas y podrían enfrentar sanciones o represalias.

Asimismo, los abogados no mantienen interacciones presenciales con los clientes en la base, afirmando que están atrapados y se encuentran con limitaciones durante las llamadas legales que se realizan a través de un altavoz con oficiales sentados en una puerta abierta. Esto debilita el derecho a la comunicación confidencial y el privilegio entre el abogado y el cliente, argumenta la demanda.

La denuncia también indica que algunos arrestados han sido cuestionados por el FBI acerca de su posible pertenencia a grupos delictivos al estar rodeados de oficiales militares.  Una persona fue desvestida en la búsqueda de un cepillo de dientes desaparecido, mientras que otra fue confinada en una celda de hormigón sin ventanas ni iluminación durante cuatro días, añade.

«Se me ha permitido hablar con mi familia unas 20 veces. Cada llamada dura unos cinco minutos», afirmó Johon Suazo-Muller en una declaración redactada para el tribunal, la cual se tradujo al inglés.

Suazo-Muller afirmó que se trasladó a Estados Unidos en octubre de 2023, buscando asilo debido a un conflicto político y una vida más digna.

«No se me permite dar ninguna información sobre mi permanencia en Guantánamo. No puedo decir dónde estoy ni detalles sobre cómo estoy», añadió.

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