Hasta el momento, no se han iniciado investigaciones internas ni procesos disciplinarios que esclarezcan la situación.

La reciente aparición de los cuerpos de Nevil Mina Quiñonez, de 18 años, y Ariel Cheme Franco, de 19, ha generado una ola de indignación en los familiares de los dos jóvenes que han denunciado la muerte, tras un operativo en la localidad de Esmeraldas.

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Los primos desaparecieron el 10 de julio de 2024, presuntamente durante un operativo militar en el barrio San Pedro.

Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados incinerados en el cantón de Rioverde, a unos 40 kilómetros del lugar donde fueron detenidos.

El descubrimiento ha levantado serias interrogantes sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden en las desapariciones forzadas que han ocurrido en el contexto del plan Fénix.

La familia del joven de 18 años ha denunciado la falta de pruebas de la culpabilidad de los jóvenes, subrayando que no tenían antecedentes penales.

Además, esta víctima estaba a punto de continuar sus estudios, lo que añade un matiz de tragedia a su desaparición.

Los relatos sobre lo sucedido durante la detención han comenzado a surgir, con testimonios que indican una posible implicación de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El caso de Nevil y Ariel no es un incidente aislado, pues la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) investiga un total de seis desapariciones forzadas en Esmeraldas desde la declaración del conflicto armado interno en enero de 2024.

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La similitud de estos casos con el de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil, refuerza la preocupación por un patrón de violaciones de derechos humanos que involucra a las fuerzas militares.

A pesar de las denuncias y el clamor de justicia por parte de los familiares de las víctimas, el Ministerio de Defensa y la Fuerza de Tarea Conjunta han permanecido en silencio y hasta el momento, no se han iniciado investigaciones internas ni procesos disciplinarios que esclarezcan la situación.

Las familias han tenido que recurrir a la Fiscalía en busca de respuestas, pero seis meses después del hallazgo de los cuerpos, la incertidumbre sigue siendo abrumadora.

Organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, han denunciado un patrón preocupante de violaciones de derechos humanos, especialmente en casos que involucran a miembros de las fuerzas armadas.

Estas organizaciones exigen que se identifiquen y se castiguen a los responsables de estos crímenes atroces.

La situación actual en Ecuador refleja un contexto de impunidad que no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también pone en tela de juicio el respeto por los derechos humanos en el país.

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