El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, del Partido Popular (PP), se encuentra en el centro de la controversia tras confirmarse que permaneció en un restaurante de Valencia hasta las seis de la tarde del día de la tragedia.

Medios españoles señalan una serie de graves fallos de seguridad y decisiones cuestionables por parte de las autoridades tras las devastadoras lluvias torrenciales que azotaron el sureste español el pasado 29 de octubre, dejando un saldo provisional de 219 fallecidos y decenas de miles de damnificados.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admitió a trámite un recurso contra la Generalidad Valenciana, su presidente Carlos Mazón y la Agencia de Seguridad y Emergencias del gobierno autonómico, por presunta «inactividad» en la alerta y gestión de la DANA.

El presidente Mazón, del Partido Popular (PP), se encuentra en el centro de la controversia tras confirmarse que permaneció en un restaurante de Valencia hasta las seis de la tarde del día de la tragedia, mientras las alarmas comenzaban a activarse en varios municipios. Esta demora provocó su llegada tardía a la reunión del Centro de Coordinación de la Crisis de la DANA (CECOPI), aunque Mazón insiste en que estuvo «todo el tiempo informado».

La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, también está bajo escrutinio. Si bien envió alertas por correo electrónico sobre la crecida en la presa de Forata, no advirtió sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, que resultó ser el principal causante de las inundaciones en localidades como Catarroja, Paiporta, Benetúser, Alfafar, Sedaví y Picanya.

La consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, admitió desconocer el sistema de alarmas instantáneas en teléfonos móviles hasta momentos antes de su activación. Varios alcaldes la acusan además de ignorar sus llamadas de auxilio durante la emergencia.

Los damnificados denuncian haber estado desamparados durante seis días, sin asistencia de equipos de rescate ni del Ejército español, cuya movilización masiva no se produjo hasta el lunes siguiente, parcialmente motivada por los altercados ocurridos en Paiporta, donde los reyes Felipe y Letizia, el presidente Pedro Sánchez y el presidente Mazón fueron objeto de insultos y agresiones.

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