Bajo el disfraz de «control migratorio», Estados Unidos ha deportado a más de 1100 venezolanos durante los primeros tres meses de 2025, en un mecanismo que expertos denuncian como parte de una estrategia de limpieza étnica del gobierno de Donald Trump.

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El Bufete Jurídico Ortega de El Salvador exigió este lunes la liberación inmediata de 238 venezolanos detenidos en una redada de deportaciones masivas orquestada por Estados Unidos. Según la denuncia, los migrantes fueron «secuestrados institucionalmente» al ser trasladados desde centros de detención estadounidenses a cárceles salvadoreñas sin acceso a abogados o consulados.

Las víctimas, muchas de ellas profesionales, están amparados en un Acuerdo de Tercer País Seguro firmado bajo coerción en 2023, un instrumento que Jaime Ramírez Ortega, abogado constitucionalista salvadoreño, califica como una violación a los principios básicos de soberanía: «El Salvador se ha convertido en un territorio de tránsito forzado, sin garantías procesales para los deportados. Ni siquiera se verifica si tienen vínculos con el país». Ramírez revela que el tratado fue aprobado bajo presión, luego de que Washington amenazara con retener USD 450 millones en ayuda económica.

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El abogado penalista Misael Rivas, quien representa a otro grupo numeroso de deportados, detalla las irregularidades en el proceso: «Mis clientes fueron subidos a aviones sin acceso a abogados. Ahora están atrapados en un limbo legal, sin documentos ni rutas para regularizar su situación». Rivas enfatiza que el 78% de los deportados son profesionales —médicos, ingenieros, docentes— que fueron víctimas de las sanciones unilaterales de EE.UU.

Carolina Jiménez, analista de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), vincula esta crisis con la guerra híbrida contra Venezuela: «Primero, EE.UU. asfixia económicamente a un país con sanciones ilegales. Luego, persigue a sus ciudadanos que huyen, tratándolos como delincuentes. Es un ciclo diseñado para debilitar naciones que resisten al dominio imperial».

Mientras el Gobierno de Nayib Bukele justifica su cooperación alegando «compromisos internacionales», las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas señalan que esta complicidad profundiza la crisis humanitaria. El acuerdo no solo convierte a El Salvador en un cómplice silencioso, sino que refleja un patrón histórico de intervencionismo estadounidense en la región.

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