Además de la derogación de la ley, el movimiento de ocupación y profesores exigen la destitución del secretario de Educación, Rossieli Soares, acusado de acoso moral y estrategias de desmantelamiento de la educación pública en el Estado.

Con cantos ancestrales y mucha celebración, la Asamblea Legislativa de Pará aprobó por unanimidad la derogación de la Ley 10.820/2024, que amenazaba la educación presencial en las comunidades indígenas, rurales y quilombolas de Pará.

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Este logro histórico fue resultado de la movilización de indígenas, quilombolas y profesores que, durante 30 días, ocuparon el edificio de la Secretaría de Educación del Estado (Seduc) en Belém. Esta acción obligó al gobernador Helder Barbalho a retroceder en su propuesta.

En el exterior de la Asamblea Legislativa de Pará (Alepa), el movimiento de ocupación celebró la conquista junto a profesores y la población paraense, que estuvieron presentes desde la madrugada.

A pesar de la evacuación del edificio, que debe ocurrir a partir de hoy, cuando cientos de indígenas de 14 grupos étnicos regresen a sus territorios, el Movimiento asegura que seguirá exigiendo mejoras en la educación. Para ello, se formará una mesa negociadora permanente con Alepa y representantes de organizaciones de educación, indígenas y quilombolas.

«Regresaremos a nuestros pueblos, pero a partir de ese momento, a través de la comisión, seremos consultados, escribiremos, participaremos y propondremos cómo será la educación para los indígenas», declaró el cacique Dadá Borari.

La ocupación de 30 días enfrentó autoritarismo, censura y amenazas del gobierno estatal. Temprano en la mañana, los indígenas partieron en una delegación de Seduc hacia Alepa para acompañar y celebrar la revocatoria, mientras líderes como el cacique Dadá Borari, Alessandra Munduruku y Auricélia Arapiun acompañaban desde el plenario.

La diputada Lívia Duarte (Psol), presente en la ocupación desde los primeros días, destacó la enseñanza propuesta por los pueblos originarios en la defensa de sus derechos. «Lo que estamos haciendo aquí es histórico. Los derechos no son negociables. Y hoy lo afirmamos con la derogación de la Ley 10.820», señaló.

El diputado estadual Carlos Bordalo (PT) denunció la Ley 10.820/2024 como parte de un proyecto político para diezmar a los pueblos indígenas, sus territorios y su ancestralidad. Afirmó que este proyecto facilita la invasión de tierras indígenas por la minería ilegal y otras amenazas.

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