Las tomas de terrenos no son un fenómeno nuevo en Chile y el modelo económico aplicado desde la dictadura cívico-militar chilena dejó implantada una diferencia de clases que hoy define el paisaje urbano y social del país sudamericano. 

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Lo Hermida es una de las tomas histórica de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Creada por cientos de migrantes internos en mayo de 1970, es un símbolo de la lucha por la vivienda y contra la injusticia social: carpas improvisadas de tela blanca de los marginados por un sistema excluyentes que, empujados por las circunstancias, ocuparon los terrenos de una de las familias más acaudaladas de todo el país.

“En ese tiempo, a esta cuadra, vino mucha gente al campamento”, relata Guido Negrona, ya anciano, frente a un portón de su casa con su compañera. Él fue uno de los fundadores de otra toma, la Toma de Barrancas, a fines de los 60. Hoy miran con alegría y también nostalgia décadas de esfuerzo y vida en comunidad.

Es la misma toma, hoy denominada Hermida de la Victoria, donde una bebé murió tras las agresiones policiales que reprimían a las familias desesperadas por tener un lugar donde vivir inmortalizada por el documental de Douglas Hübner y donde Víctor Jara conoció al niño Luchín que inspiró una de sus más conocidas canciones. 

Nora González, la esposa de Guido, recuerda cuando llegó a la toma: “Llovía y el agua corría por los colchones. Ahí estuvimos nosotros junto con mi hija. Yo tengo 81 años y mi marido tiene 84 , y aquí llegamos jovencitos. Cuando llegamos no había nada, a nosotros no nos han regalado ni un clavo. Gracias al esfuerzo hemos salido adelante”.

50 años después, la situación no ha cambiado, sino que se agrava. Según el análisis de gestión realizada por el Instituto Res Pública, “El problema del déficit habitacional es un problema real y muy sensible, que ha aumentado considerablemente desde 2015”.

Según el análisis de la gestión presidencial en el primer trienio de Boric, en 2022  se requerían 552.046 nuevas viviendas, mientras que al cierre de 2025 se proyecta que el déficit habitacional alcance las 750 mil viviendas. Según el informe, lo anterior explica en parte que entre 2022 y 2024, el número de campamentos aumentará en un 31,1% y hoy se estima que existen más de 1.400 campamentos a nivel nacional. 

Boric, durante su campaña presidencial, prometió 260 mil viviendas. A 31 meses del inicio del Plan de Emergencia Habitacional se finalizaron 151.163 viviendas, lo que representó el 58% de la meta establecida para el término del actual mandato presidencial.

Sin embargo la política de desalojos y la falta de políticas integrales que atiendan el déficit habitacional agravan la crisis de vivienda. De hecho, no hay soluciones para quienes son expulsados de sus casas, como es el caso de los pobladores de la extoma 17 de Mayo, hoy cooperativa, que reclaman al Ministerio de la Vivienda algún tipo de apoyo.

Yesenia Rodrígos, parte de esa organización señala que “Este ha sido el Gobierno que más casa ha quitado, los desalojos son pan de cada día y de hecho no han cumplido con esa campaña sino al contrario, a nosotros mismos nos quitaron nuestra vivienda tristemente”.

“Este gobierno de Boric”, continúa, “no es un Gobierno que entregó viviendas sino que desalojó viviendas, desalojó familias, desalojó comunidades, y sería importante también que no se nos olvide imposible olvidar cada mañana los matinales transmiten en directo los desalojos sin que se dedique un minuto a informar sobre el destino de todas esas familias”.

En contrapartida, los terrenos desalojados son repuestos a personajes como el empresario José Massú, acusado de estafar a más de 86 familias con ventas ficticias de terrenos en la toma Lajarilla de Viña del Mar.

Massú, aprovechándose de la necesidad habitacional de los pobladores, les permitió asentarse en sus terrenos a cambio del pago de dos millones de pesos chilenos (2100 dólares). Sin embargo, tras recibir el dinero, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigiendo la restitución total del terreno.

Debido a la imposibilidad legal de los pobladores para demostrar que habían pagado por los terrenos, fueron expulsados de sus viviendas, las cuales lograron construir con su propio esfuerzo y recursos.

El pasado 4 de marzo por la mañana,  Carabineros desplegó un importante contingente en el sector y alrededor de las 14:00, se efectuó la entrada de maquinaria. 

La crónica policial señala: “No se ha generado ningún inconveniente en el desarrollo del operativo. En total, cerca de 450 personas residen en la toma, un equivalente a unas 86 familias, debieron abandonar sus viviendas. Algunos pobladores intentaron impedir el desalojo hasta última hora, pero no tuvieron éxito.”

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