El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alineado a la extrema derecha internacional, criticó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestos «presos políticos» en el país, mientras él mismo enfrenta acusaciones de mantener el sistema carcelario más represivo de América Latina.

En un reciente pronunciamiento, Bukele confirmó la detención masiva de ciudadanos venezolanos en El Salvador y propuso un «acuerdo» para la repatriación de 252 venezolanos a cambio de personas procesadas por los actos de violencia posteriores al 28 de julio en Venezuela.

Secuestro y desaparición forzada

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, emitió un pronunciamiento este 20 de abril denunciando que Bukele «acepta que mantiene secuestrados a 252 venezolanos» y calificando al mandatario salvadoreño como «el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI».

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En su declaración, Saab aseguró que estas detenciones constituyen «una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos» y «se convierten en crímenes de lesa humanidad que imitan las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX».

El fiscal venezolano reveló que envió comunicaciones oficiales a las autoridades judiciales de El Salvador exigiendo información sobre los cargos contra estos ciudadanos, sus derechos procesales y su estado de salud. También solicitó «la lista completa con la identificación de todos los detenidos y su estatus judicial, así como la fe de vida y el informe médico de cada uno de los secuestrados».

Un sistema penitenciario sin garantías

La llamada «megacárcel» construida por Bukele alberga aproximadamente a 75.000 personas detenidas, muchas de ellas sin el debido proceso legal, según diversos organismos de derechos humanos. El periodista Vicenzo Caruso documentó extensamente cómo estas detenciones son frecuentemente arbitrarias, basadas en apariencia física o simplemente en el lugar de residencia de los detenidos.

«Bukele ha convertido El Salvador en un estado policial donde la presunción de inocencia no existe», señalan activistas locales que han tenido que exiliarse ante la creciente represión.

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Contrario a las afirmaciones de Bukele de que «no tiene presos políticos», la lista de figuras políticas perseguidas en El Salvador es extensa y abarca tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político:

Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien tras ganar un juicio por difamación contra Bukele, fue acusado de enriquecimiento ilícito.

Tres expresidentes que debieron exiliarse: Alfredo Cristiani, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes.

Tres expresidentes del Congreso: Sigfrido Reyes y Lorena Peña del FMLN, y Norman Quijano de ARENA.

Numerosos secretarios generales de partidos políticos, incluyendo a Rodolfo Parker (PDC), Medardo González y Nidia Díaz (FMLN), y figuras de ARENA como Milena de Escalón y René Portillo Cuadra.

Entre otros detenidos destacan Ernesto Muyshondt, ex alcalde de San Salvador; Orlando Mena, ex alcalde de Santa Ana; Juan Pablo Durán, expresidente del banco de desarrollo BANDESAL; y el diputado Alberto Romero.

Críticas crecientes al régimen bukelista

Ivania Cruz, directora de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos (UNIDECH) y ex dirigente del Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos de El Salvador (COFAPPES), cuestionó duramente a Bukele en redes sociales:

«¿Que no tiene presos políticos? Podríamos hacerle un listado de los miles que usted ha metido injustamente a prisión y les ha arruinado la vida a muchos salvadoreños/as, violentando el debido proceso, asimismo culpabilizando sin permitir que demuestren su inocencia», escribió Cruz en su cuenta X.

La criminalización de migrantes venezolanos

En su más reciente estrategia política, Bukele intensificó la criminalización de migrantes venezolanos, utilizando como pretexto al extinto grupo criminal «Tren de Aragua» para justificar detenciones masivas y deportaciones exprés.

Esta retórica anti migratoria se alinea con el discurso del presidente estadounidense Donald Trump, con quien Bukele mantiene estrechos vínculos políticos.

La propuesta bukelista de intercambiar migrantes detenidos por presuntos «presos políticos» venezolanos es criticada incluso por sectores extremistas de la oposición venezolana, quienes ven en esta maniobra un intento de utilizar a ciudadanos comunes como moneda de cambio en una disputa política.

Organizaciones internacionales de derechos humanos siguen señalando repetidamente que mientras Bukele acusa a otros gobiernos de autoritarismo, su administración sigue desmantelando sistemáticamente los controles democráticos en El Salvador, neutralizando a la prensa crítica, cooptando el poder judicial y reduciendo el parlamento a una mera formalidad.

Mientras tanto, las denuncias sobre muertes bajo custodia estatal, torturas y condiciones inhumanas en las prisiones salvadoreñas siguen acumulándose, sin que hasta ahora existan mecanismos de transparencia que permitan verificar la situación real de los miles de detenidos.

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