La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó este jueves una jornada nacional de lucha para defender la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación.

La protesta condenó el ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei y exigió convocar de inmediato a sindicatos nacionales para discutir las condiciones laborales y salarios de los docentes.

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Entre los principales reclamos de CTERA se encuentran la aprobación de una Ley de Financiamiento Educativo, vetada en octubre pasado, y la restitución y actualización del Fondo de Incentivo Docente.

También abogaron por un mayor presupuesto educativo para asegurar escuelas en condiciones dignas, así como el aumento de las becas para estudiantes y las partidas para el refuerzo nutricional en las escuelas.

La crisis educativa en Argentina se intensificó en los últimos meses, con un ciclo lectivo marcado por paros y conflictos.

La jornada de protesta de hoy llega en un contexto de creciente tensión social, apenas un día después de la represión a una marcha de jubilados en el Congreso. Los docentes de diversas provincias se movilizaron para exigir respuestas al Gobierno Nacional, mientras que la CGT repudió la represión y anunció que evaluará nuevas acciones gremiales.

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El conflicto docente no solo afecta a la educación primaria y secundaria, sino que también se extiende al ámbito universitario.

El Frente Sindical de las Universidades ha confirmado un paro nacional de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo, denunciando que los aumentos salariales otorgados en enero y febrero quedaron muy por debajo de la inflación.

Este escenario económico complejo y las crecientes demandas salariales en distintos sectores colocan al Gobierno Nacional frente a una ola de protestas que no da tregua.

La jornada de lucha incluirá movilizaciones, actos, radios abiertas y otras acciones en todo el país. CTERA busca avanzar en la unidad del movimiento obrero y las organizaciones sociales para defender el sistema previsional público y solidario, así como las obras sociales sindicales y provinciales. Además, se opone a la criminalización de la protesta social, un tema cada vez más relevante en el contexto actual.

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