La defensa legal de cuatro menores de edad detenidos y posteriormente ejecutados por una patrulla militar en Ecuador durante diciembre de 2024 anunció este martes que escalará el caso a tribunales internacionales si la justicia ecuatoriana no establece la responsabilidad del Estado en estos crímenes.

«Nosotros centramos la participación y responsabilidad del Estado en la desaparición de los cuatro niños, pero también en la muerte. Y si la justicia penal no logra reconocer ambas responsabilidades, por la desaparición y por la muerte, accederemos, por supuesto, a la justicia internacional«, declaró Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos.

El letrado enfatizó que el Estado ecuatoriano incumplió su deber de protección, lo que resultó directamente en la muerte de los cuatro menores provenientes de Guayaquil, en el noroeste del país. Bastias denunció además que «la investigación penal por la muerte de los cuatro niños continúa sin avanzar».

Las víctimas —Steven Medina (11), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) e Ismael Arroyo (15)— fueron vistas con vida por última vez a más de 40 kilómetros del lugar donde fueron capturadas por 16 militares. Posteriormente, sus cuerpos calcinados aparecieron en un manglar cercano.

Actualmente, los 16 militares involucrados permanecen bajo prisión preventiva, investigados por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, tanto el Gobierno ecuatoriano como las Fuerzas Armadas apelaron esta calificación, argumentando que los menores fueron abandonados con vida.

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La Fiscalía General del Estado realizó el domingo la segunda reconstrucción de los hechos del caso «Las Malvinas», denominado así por el sector donde residían las víctimas. Durante el procedimiento, uno de los militares imputados, acogido a un mecanismo de cooperación eficaz, acusó directamente a un suboficial de agredir brutalmente a los adolescentes.

«El cabo los bajó uno por uno, los tiró de la camioneta y a uno le partió la cabeza. Los insultó, los puso de rodillas y los empezó a golpear», relató el militar colaborador, quien describió cómo el grupo se movilizaba en dos vehículos cuando se detuvieron en un área de servicio donde ocurrieron las agresiones.

Las familias de los menores, respaldadas por organizaciones de derechos humanos, continúan exigiendo respuestas desde diciembre. El caso genera preocupación internacional, provocando pronunciamientos de UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y Amnistía Internacional.

La Fiscalía intensifica actualmente las diligencias antes del cierre de la instrucción, previsto para este miércoles, mientras crece la presión internacional por esclarecer este caso de violencia estatal contra menores de edad.

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