El ente internacional apuntó que “El contexto de militarización del país, alegaciones de vulneración de los derechos humanos, así como acciones tomadas por el gobierno de turno y presión sobre los órganos electorales, abren dudas razonables sobre la transparencia y el resultado de los comicios”.

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Asimismo, detallaron informes de las misiones internacionales de observación electoral (MOEs), previo y en la jornada electoral, entre ellos la “judicialización permanente de la oposición política, exacerbada semanas antes de las elecciones. Uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. El presidente no solicitó la debida licencia en estos comicios, impactando en la equidad de la campaña y debilitó la institucionalidad del Estado”.

MOEs argumentó: “La vicepresidenta Verónica Abad fue impedida de asumir las funciones presidenciales que le correspondían durante la ausencia del presidente a través de la suspensión de sus derechos políticos. Situación de preso político torturado en la cárcel sin acceso al debido proceso judicial (caso exvicepresidente Jorge Glas)”.

“La falta de claridad sobre las razones para justificar esta medida, incrementó la incertidumbre y desconfianza en la recta final del proceso”, argumentó MOEs.

También denunciaron la declaración del estado de excepción en Quito y varias provincias un día antes de las elecciones, el cierre de las fronteras con países limítrofes y se impidió la llegada de veedores internacionales registrados en la Comisión Nacional Electoral. Modificación de los lugares de votación. En algunas provincias como Manabí, el Gobierno declaró que «no era necesario ir a votar«.

En tanto, en el día de las elecciones «la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y, en algunos casos, derivó en su anulación”.

Inconsistencias en 784 actas electorales, por no tener la firma del presidente y secretario de las juntas receptoras del voto. Militarización del proceso electoral. Así como «el diseño de las urnas no se ajustaba a los estándares: sistema de cierre seguro y ajustado que evite aberturas considerables, garantizando así la integridad de las papeletas y reduciendo posibles especulaciones sobre su manipulación”.

Además de la diferencia del resultado publicado por las encuestadoras, que anunciaban empate técnico.

En este sentido el CLAJUD  solicitó “a las instancias multilaterales, a todos los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe, al Sistema Interamericano y al Sistema de Naciones Unidas a pronunciarse y solicitar un análisis pormenorizado, independiente e imparcial de los cuestionados resultados de los comicios”.

El comunicado fue firmado por Ernesto Samper Pizano (Colombia), Marco Enríquez-Ominami (Chile), Baltasar Garzón (España), Carol Proner (España), Gisele Ricobom (Brasil), Silvina Romano (Argentina), Lina Mejía (Colombia), Juárez Tavares (Brasil), Enrique Santiago (España), Eli Gómez Alcorta (Argentina), Gerardo Pisarello (España), Charlotth Back (Brasil), Larissa Ramina (Brasil), Virgilio Hernández (Ecuador), Carola Iñíguez Zambrano (Ecuador), Emilio Camacho (Paraguay).

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