El próximo domingo 13 de Abril de 2025 el pueblo ecuatoriano vuelve a las urnas para elegir definitivamente en una segunda vuelta, a quien será el presidente o presidenta constitucional que regirá los destinos de los ecuatorianos durante los próximos 4 años.

Los candidatos en pugna, Daniel Noboa Azin y Luisa González Alcívar, representan visiones diametralmente opuestas de la futura gobernanza de la nación suramericana. Por un lado Noboa representa el extractivismo, la injerencia extranjera y el retroceso de las victorias alcanzadas durante la Revolución Ciudadana. En cambio, González Alcívar agrupa a las propuestas de la izquierda y el progresismo ecuatoriano, a través de la alianza Revolución Ciudadana – Movimiento Renovación Total (RC-RETO), cuyo objetivo se centra en revertir el entreguismo de los recursos del Estado a las élites económicas criollas y extranjeras, lo que ha caracterizado a los últimos Gobiernos.

De esta manera, el 13 de abril Ecuador decide sobre su soberanía, el modelo económico que se desarrollará en el futuro, la justicia social y la gestión de sus recursos naturales en un contexto de crisis marcado por la guerra arancelaria con que la Administración de Donald Trump busca imponer sus criterios neocoloniales en el resto del mundo.

Así, una de las preocupaciones más profundas que viven los ciudadanos del Ecuador, es el destino de sus recursos naturales, al ser este país poseedor de una de las tasas de biodiversidad más altas del planeta, significativas reservas de petróleo y minerales. Estas grandes riquezas provistas por su localización geográfica amazónica y andina, se ven complementadas con una diversidad cultural producto de su amplia herencia de pueblos originarios.

“La lucha por el Yasuní es una lucha social que tiene ya bastante tiempo”

Una de las regiones que refleja más claramente estas contradicciones entre el extractivismo, la conservación de la naturaleza y la presencia de los pueblos originarios, es la región del Yasuní, un área natural protegida bajo la figura de Parque Nacional, que con una superficie estimada de 10.200 km² es la más extensa de Ecuador.  

En este contexto conversamos con el historiador y sociólogo político Fernando Muñoz-Miño, vocero del colectivo ciudadano YASUNIDOS, quien a través de su experiencia y apreciaciones nos ayuda a construir una visión actual de las expectativas en materia ecológica que genera el nuevo proceso electoral.

“…La lucha por el Yasuní es una lucha social que tiene ya bastante tiempo, comenzó realmente en 2013, producto de la organización de miembros de la sociedad civil, dela Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y otras organizaciones como colectivos estudiantiles, con el objetivo de impulsar una consulta popular de iniciativa ciudadana para que el pueblo ecuatoriano pudiera pronunciarse a favor de, que decidiera si es que estaba de acuerdo con que se explotasen los recursos petroleros del Yasuní ITT. El Yasuní ITT del Bloque 43, es uno de los Bloques que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní…”.

La importancia estratégica de la región de Yasuní estriba en que es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, fue declarada como reserva de la biosfera declarada por la UNESCO en el año 1989, y es el hogar de los Tagaeri y los Taromenane, los últimos grupos indígenas que viven en aislamiento en Ecuador.

Adicionalmente, en el estado ecuatoriano, que produce en promedio unos 480.000 barriles de petróleo al día, la mayoría de los pozos de extracción se concentran en territorio amazónico y específicamente los más productivos están en la zona del Yasuní. El país se encuentra dividido en unos 90 bloques de explotación petrolera, lo que indica aquellas zonas en las que se pueden asignar permisos de extracción.

De todos estos bloques, siete se encuentran total o parcialmente dentro del Parque Nacional Yasuní, los cuales en su mayoría ya han sido explotados desde hace décadas, sin embargo, el bloque 43, conocido también como ITT por las siglas de los campos que lo integran, Ishpingo, Tambococha y Tiputini, que conforman 162.000 hectáreas, de las cuales 78.000 están dentro del Parque Nacional, por su ubicación en la reserva, fue el único que permaneció durante largo tiempo sin extracción y por lo tanto creció el interés colectivo para su preservación.

Respecto a este aspecto, Muñoz-Miño puntualiza: “…El gran antecedente de esto, antes que se iniciara la lucha por la consulta popular, es que en los años 90 hubo un proceso que buscaba preservar ciertas zonas de la Amazonía de la explotación petrolera, entendiendo que eran zonas donde había mucha biodiversidad, es decir, mucha concentración de especies de animales y de plantas, como no se ha visto en otro lugar, por también ser el hogar de los últimos pueblos en aislamiento voluntario en Ecuador, los tagaeri y los taromenane, y para impulsar una transición social, ecológica hacia una economía que no dependiese de los recursos petroleros…”

La nueva Constitución de 2008 permitió hacer la consulta popular por el Yasuní

De acuerdo con el historiador Ecuatoriano, desde 2008, a partir de la nueva constitución del país, fueron reconocidos por primera vez en el mundo los derechos de la naturaleza, en ese marco constitucional, el gobierno nacional de ese entonces presidido por Rafael Correa adoptó la iniciativa Yasunidos, que consistía en guardar la zona, es decir, restringir en este bloque la explotación petrolera, a cambio de que la comunidad internacional recompensara al Ecuador con recursos económicos en un fideicomiso internacional, equivalente a la mitad de los recursos que generaría la actividad petrolera. Luego de varios años de campaña, la iniciativa no contó con los resultados esperados y finalmente fue finalizada hacia el 15 de agosto del 2013, lo que dio inicio a la explotación petrolera en el bloque 43-ITT.

La importancia económica y estratégica de este bloque, es que posee unas reservas certificadas de 1.672 millones de barriles de petróleo y para el año 2019 su producción ya superaba los 86.600 barriles diarios, y actualmente estos campos representan hasta el 20% de la producción petrolera de Ecuador.

Durante más de 10 años, diversos movimientos indígenas y sociales impulsaron la paralización de actividades en este bloque petrolero por su capacidad de contaminar grandes áreas de un territorio prístino de biodiversidad como Yasuní. Estos esfuerzos se materializaron en el referéndum sobre la prohibición de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, celebrado en Ecuador el 20 de agosto de 2023. La consulta fue una iniciativa popular reclamada por las comunidades desde 2013, pero que finalmente fue validado por la Corte Constitucional ecuatoriana en mayo de 2023.

Se triunfó, pero lo que se debió hacer en un año, se ha convertido en diez

Con un resultado favorable, donde el 53% del pueblo ecuatoriano, decidió que las reservas de crudo del Bloque 43-ITT del Parque Nacional Yasuní permanecieran para siempre bajo el subsuelo, lo que implicaba la retirada de la industria petrolera en este sector de la Amazonía ecuatoriana, en el plazo máximo de un año, y que constituiría una garantía para la protección de la enorme biodiversidad del parque. Sin embargo, hasta el momento la oligarquía extractivista apoyada por sectores del actual Gobierno, ha frenado el cumplimiento del mayoritario resultado, y de acuerdo con activistas y juristas, «debe ser acatado porque es un mandato constitucional, de inmediato y obligatorio cumplimiento. El no cumplimiento es un duro golpe a la democracia y la seguridad jurídica ecuatoriana».

Actualmente existe un cronograma de cierre de la infraestructura petrolera que se prolonga hasta el año 2030, lo que contradice la voluntad popular expresada el 20 de agosto de 2023, que fijaba un plazo de un año para la finalización de actividades, así, Petroecuador cerró 10 pozos en 2024 y en abril de este año está programado el abandono de otros 48 pozos que corresponden al 2025. El resto de las actividades planificadas son:

• Desmontaje de las infraestructuras de superficie de los pozos se realizará entre 2025 y 2030.
• Adecuación de plataformas stock se realizará entre 2026 y 2027.
• Retiro de material pétreo y escombros está planificado entre 2027 y 2032.
• Restauración ecológica: Revegetación y monitoreo para la entrega de áreas están previstos entre 2029 y 2034.

El próximo Presidente o Presidenta deberá atender al Yasuní

El candidato o candidata ganadora del 13 de Abril, deberá dar una respuesta más acertada a la finalización de actividades petroleras en Yasuní, especialmente presentar un calendario de cierre más ajustado a la determinación legal y al clamor del pueblo ecuatoriano expresado el 20 de agosto de 2023. Esta realidad se complementa con la reciente catástrofe ambiental ocurrida en la madrugada del 13 de marzo de 2025, cuando una fractura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que fue provocada por un deslizamiento de tierra desencadenó el derrame de miles de barriles de crudo en el río Esmeraldas, la principal fuente hídrica de esta región del noroeste de Ecuador.

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El impacto ecológico fue devastador para este ecosistema que conecta la Amazonía con el Pacífico. Entre las alarmas de los especialistas destaca que los hidrocarburos asfixiarán la vida acuática, intoxicaran microorganismos esenciales y contaminarán los suelos durante décadas. Así mismo, las poblaciones de peces de las cuales dependen centenares de familias afroecuatorianas y negras, se verán diezmadas por el crudo.

Esta escena de devastación ambiental se puede repetir también en Yasuní, la mayor área natural protegida de Ecuador, un punto caliente de biodiversidad y hogar de miles de pobladores originarios. Por esto, durante tantos años se ha pedido una respuesta acertada para la suspensión de la actividad petrolera y esta es una de las grandes deudas ambientales que deberán ser atendidas por el próximo gobierno. 

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