Los menores de entre 11 y 15 años fueron detenidos en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en la ciudad de Guayaquil y de ahí partió el operativo de reconstrucción de los hechos.

Las autoridades ecuatorianas llevaron a cabo el domingo la reconstrucción de hechos del caso «Las Malvinas» en el que resultaron desaparecidos forzosamente cuatro menores de edad tras una detención arbitraria por parte de efectivos miliares.

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En la reconstrucción participaron la Fiscalía, policías, los familiares de los menores de edad, y junto a ellos 16 militares a los que se procesan judicialmente tras el hecho.

Los menores de entre 11 y 15 años fueron detenidos en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en la ciudad de Guayaquil y de ahí partió el operativo de reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con lo declarado a las autoridades por los militares involucrados en la aprehensión los cuatro menores fueron traslados hasta la parroquia Taura “con la intención de entregarlos a una unidad policial cercana a la base que pertenecen”.

No obstante, según el testimonio, “decidieron liberarlos en el camino tras escuchar sus pedidos, después que los menores ayudaran a despejar un árbol caído en el camino”.

La reconstrucción del hecho se realiza a partir del pedido del fiscal del caso con el propósito de si se ejecutó alguna infracción, considerado lo investigado hasta el momento.

Vale recordar que el pasado 31 de diciembre las autoridades ecuatorianas confirmaron que cuatro cadáveres que habrían sido hallados calcinados días anteriores en un recinto de Taura correspondían con los cuatro menores aprehendidos.

Por tanto, ese propio 31 de diciembre el juez dictaminó la detención de los militares involucrados.

Repercusión y reclamos

La aparición de los cuerpos de cuatro jóvenes asesinados durante la Nochebuena conmocionó a los ecuatorianos, quienes exigieron justicia mientras sepultaban sus restos.

Mientras se realizaba el cortejo fúnebre, que se extendió a lo largo de ocho kilómetros, los allegados utilizaron pancartas y carteles para manifestar su demanda de justicia.

En reacción, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos responsabilizó al presidente Daniel Noboa por el contexto actual, afirmando que “estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una práctica sistemática de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza desde el inicio del conflicto armado y los estados de excepción decretados por Noboa”.

Asimismo, en un plantón llevado a cabo tras la desaparición unas 100 personas se concentraron para exigir a las autoridades acciones eficaces para que los cuatro niños regresen a sus hogares, esto antes de que se conociera su fallecimiento.

En esa misma línea, la Oficina Regional para América del Sur de la Organización de Naciones Unidas condenó enfáticamente los hechos ocurridos y exigió “la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondiente”.

El representante del ente en la sección de Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, recalcó que «la investigación de tan grave atropello debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando”, llamando al mismo tiempo a evitar la revictimización de las familias.

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