El panorama electoral en Ecuador se ha visto empañado en los últimos días por denuncias relacionadas con operaciones de falsa bandera, campaña sucia y fraude.

Más de 13.7 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo 9 de febrero para elegir la presidencia y vicepresidencia de la República, así como a 51 asambleístas y 5 representantes para el Parlamento Andino.

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El proceso electoral se ha visto marcado por la polémica en torno al presidente y candidato Daniel Noboa, quien decidió mantenerse en funciones durante la campaña, pese a que la ley electoral estipula que debe tomar licencia desde el inicio de la contienda, el 5 de enero hasta el 6 de febrero.

En algunos periodos Noboa delegó temporalmente sus funciones a la vicepresidenta designada Cynthia Gellibert y no a Verónica Abad, quien fue elegida de forma constitucional en las elecciones presidenciales de 2023.

El caso fue llevado ante la Corte Constitucional que el 23 de enero aseguró haber tomado una decisión al respecto, aunque aún no ha notificado su resolución.

La demora por parte de la Corte Constitucional ha generado una serie de críticas entre los actores políticos y el pueblo, quienes consideran que la corte maneja los tiempos en función de la coyuntura política.

Si la notificación se realiza el jueves, un día antes del cierre de campaña, cualquier posible infracción de Noboa quedaría en manos del CNE o del Tribunal Contencioso Electoral, limitando las acciones inmediatas que se puedan tomar.

Por otra parte, el secretario general del movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, alertó a través de su cuenta de X: “nos ha llegado información de gravísimas operaciones de bandera falsa y ataques con inteligencia artificial que se darán esta última semana”.

Ante esa situación, Arauz, solicitó “una auditoría preventiva de informática y de procesos a los observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Copppal y demás para asegurar el proceso de escaneo, transmisión y, sobre todo, digitación de actas».

Asimismo, señaló que su movimiento ha sido blanco de ataques debido a la candidatura de Luisa González, una de las favoritas entre los 16 aspirantes a la presidencia.

Como parte de las restricciones del CNE, se encuentra vigente una Ley Seca, la cual regirá en el país antes y durante la jornada electoral, por lo que no se permitirá la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con el artículo 123 del Código de la Democracia.

Los ciudadanos que incumplan esta medida se exponen a una multa equivalente al 50 por ciento del salario básico unificado (SBU) mensual, es decir, alrededor de 236 dólares.

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