EE.UU. deporta a salvadoreño por ‘error administrativo’ lo que revela patrón de abusos migratorios
Kilmar Abrego, padre de niño con discapacidad en EE.UU., fue deportado al CECOT, la megacárcel salvadoreña. Gobierno Trump insiste en vínculos con MS-13 pese a admitir error.
Estado Unidos deportó a cientos de migrantes sin el debido proceso bajo un régimen legal del Siglo XVIII cuestionado por la Justicia del país norteamericano. Foto: EFe
1 de abril de 2025 Hora: 17:49
Kilmar Abrego García, un salvadoreño con residencia legal en Estados Unidos y padre de un niño con discapacidad, fue deportado en marzo a El Salvador junto a un grupo de migrantes venezolanos y presuntos pandilleros de la MS-13.
Las autoridades estadounidenses lo acusaron inicialmente de ser supuesto líder de la pandilla, pero tras una demanda judicial, admitieron que todo fue un «error administrativo». Sin embargo, insisten en negar su repatriación, alegando ahora que Abrego está vinculado al tráfico de personas y mantienen su estigma como «terrorista».
Este caso, expuesto por medios como The Atlantic, desnuda el uso arbitrario de leyes y estereotipos en la política migratoria de la administración Trump, cuestionada por organizaciones de derechos humanos e incluso sectores republicanos.
Un padre separado de su hijo
Kilmar Abrego, esposo de la ciudadana estadounidense Jennifer Vasquez Sura, vivía legalmente en el país con su hijo, quien requiere atención especializada por su discapacidad. En marzo, fue detenido y deportado a El Salvador bajo el argumento de ser «miembro de la MS-13», según un informe de la oficina del senador Marco Rubio. Su familia lo identificó días después en una foto entre los reclusos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En una audiencia judicial, Robert L. Cerna, director interino de la oficina de campo de ICE en Maryland, admitió ante la jueza federal Paula Xinis que la deportación de Kilmar Abrego García a El Salvador el 15 de marzo fue un «error». Sin embargo, este reconocimiento no implicó justicia para Abrego, quien sigue encarcelado en el Cecot, la megacárcel salvadoreña denunciada por torturas.
El caso, parte de una operación masiva donde cientos de migrantes fueron expulsados sin garantías procesales, marca el primer uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 desde la Segunda Guerra Mundial, allanando el camino para que el gobierno de Trump criminalice a discreción.
En la demanda judicial presentada, la familia exige su liberación y una «reparación inmediata», argumentando que EE.UU. lo deportó «sabiendo que sería torturado». Abogados del caso señalan que Abrego no tiene antecedentes penales ni vínculos con pandillas, y que su único «delito» fue un tatuaje malinterpretado.
La demanda de la familia Abrego no solo busca su regreso a EE.UU., sino sentar un precedente contra la criminalización de migrantes. Si los tribunales fallan a su favor, podría obligar a revisar miles de deportaciones ejecutadas bajo criterios similares.
De «error administrativo» a «terrorista»
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció el error pero insistió en criminalizar a Abrego: «Fue un error clerical, pero tenemos inteligencia de que es líder de la MS-13 y traficante». Sin embargo, no presentó pruebas. Esta postura refleja un patrón: hace apenas unos días, el gobierno Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, acusándolos de pertenecer al extinto Tren de Aragua basándose en tatuajes o «perfiles étnicos», según denuncias.
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La Ley de Enemigos Extranjeros, diseñada para tiempos de guerra, permite detener y expulsar sin juicio a ciudadanos de países considerados «hostiles». Su aplicación contra salvadoreños y venezolanos —sin mediar conflicto bélico— viola el debido proceso establecido en la Quinta Enmienda, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El expediente de Cerna confirma que cientos de deportados nunca recibieron acceso a abogados o audiencias justas, un patrón que especialistas tildan de «limpieza étnica disfrazada de seguridad».
Abogados de los deportados aseguran que el gobierno utiliza criterios discriminatorios:
- Tatuajes: Incluso los no relacionados con pandillas (como nombres de familiares o equipos de fútbol).
- Origen nacional: Venezolanos y salvadoreños son targets frecuentes.
- Inteligencia no verificada: Como la usada contra Abrego, que la Casa Blanca se niega a divulgar.
Mientras Kilmar Abrego enfrenta torturas en El Salvador, otro drama migratorio enfrenta Alfredo Pacheco González, un venezolano con permiso de trabajo y solicitante de asilo, sufre insuficiencia renal terminal y necesita un trasplante de riñón. Su hermano, José Gregorio González, viajó a EE.UU. como donante compatible, pero fue detenido por ICE antes de iniciar las pruebas médicas.
«Tengo el 100% de mi riñón malo. Si no liberan a mi hermano, moriré», declaró Alfredo, quien depende de tres sesiones de diálisis semanales. Aunque ICE alega «razones de seguridad», la familia insiste en que José no tiene antecedentes y su único «delito» es ser migrante.
El canciller venezolano, Yvan Gil, y el presidente Nicolás Maduro, han denunciado que figuras como la congresista María Elvira Salazar (R-FL) y la líder opositora María Corina Machado impulsan una «campaña de odio» contra migrantes venezolanos. Salazar, aliada de Trump, insiste en vincular a los repatriados con el desarticulado Tren de Aragua, mientras Machado es acusada de financiar contenido en redes que estigmatiza a los retornados como «delincuentes».
Autor: Daniel Ruiz Bracamonte
Fuente: The Atlantic - Commonsdreams - Agencias
